El procedimiento de Ausbanc cuenta desde el pasado miércoles con parte de un informe de la UDEF que fue el que dio lugar al inicio de una investigación contra Luis Pineda y el resto de acusados en la bautizada como operación Néstor. Esto es así porque el Ministerio Fiscal solicitó al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos que incorporara unas hojas del documento, que se remonta a febrero de 2015, las cuáles denuncian que parte de los ingresos de la asociación fue a parar a empresas del mismo grupo empleándose para fines "que se alejan de los objetivos de dichas asociaciones".
Así consta en estas nuevas páginas incorporadas al sumario de la causa pese a que cuentan con cinco años de antigüedad. En ellas, la Policía Judicial apunta que una "parte importante" de los ingresos de Ausbanc se destinó a traspaso de capitales entre sociedades del grupo y a asuntos que poco tenían que ver con las actividades de la asociación como, por ejemplo, la compra de inmuebles, de acuerdo con el contenido de esta parte del escrito al que ha tenido acceso La Información, y cuya adhesión al sumario dependerá de lo que resuelva el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo el próximo miércoles.
La petición del fiscal de la Audiencia Nacional José Perals de incorporar esta parte del informe de la UDEF a la causa fue rechazada por prácticamente la totalidad de las defensas. Tal es el caso del propio Pineda, cuyo letrado defensor, Miguel Durán, expuso en la primera sesión de la vista oral dedicada a cuestiones previas que su adhesión era una "subsanación extemporánea" puesto que el procedimiento ya está en fase de juicio. De hecho, el letrado fue más allá y alegó durante su turno de palabra que todo el operativo no partía de una denuncia anónima formulada ante la UDEF sino que detrás del mismo se encontrarían el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el entonces presidente del BBVA, Francisco González. "Esta denuncia más que anónima, es pseudónima", expuso.
Diferencia de asociados
En estas páginas, la Policía Judicial recoge una serie de aspectos sobre la investigación que le lleva a concluir que las personas implicadas en este presunto caso de extorsión serían integrantes de un "presunto grupo criminal"; motivo por el cual puso el foco en la figura de Pineda además de su esposa María Teresa Cuadrado Díez, el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil y de la secretaria Manuela Mateos. Al respecto solicitó que se requiriera a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria toda la documentación sobre operaciones financieras, cuentas bancarias, balanzas de pagos y la información recogida en los expedientes fiscales de los diez últimos años no solo de los miembros de Ausbanc sino también de todas las empresas del grupo.
Igualmente solicitaron lo propio a la Tesorería General de la Seguridad Social basándose en que, de acuerdo con lo recogido en el informe, cabría la posibilidad de que los acusados en este procedimiento se concertaran para obtener subvenciones de manera ilícita y para captar fondos encubiertos de empresas y entes financieros bajo la amenaza de publicar información negativa sobre ellos si no accedían a su reclamo. Al respecto resaltaron que de las primeras diligencias de investigación se había descubierto cómo desde la web de Ausbanc había una serie de entidades financieras que recibían elogios desde la asociación mientras otras, por el contrario, se habían convertido en el "centro de sus ataques". "Destaca el hecho de que aquellas que no se publicitan son objeto de persecución y mala publicidad", reza esta parte del informe.
Del mismo modo la Policía Judicial estableció una diferenciación entre los asociados "con plenos derechos" y unos "asociados de segunda" los cuáles, según recoge esta denuncia, no tienen derecho a asistir a las asambleas generales ni a votar en las mismas, ni tampoco a ser electores ni elegibles en los órganos de administración. Unas afirmaciones que tanto la defensa de Pineda, que afronta 119 años de prisión, como la de Miguel Bernad, rechazaron de plano durante la primera sesión de vista oral del pasado miércoles.
El ordenador de Villarejo
De hecho, José María Bueno, letrado del secretario general de Manos Limpias, sacó a relucir en la vista que el ordenador de José Manuel Villarejo, incautado por los agentes tras el estallido del caso Tándem, contendría la famosa denuncia anónima de la UDEF con la que arrancó el procedimiento. En concreto, sacó a relucir que el empresario Francisco Javier Cordero Aparicio fue el que le aseguró que esta denuncia de la Policía Judicial estaba en los dispositivos que en la actualidad custodia la Audiencia Nacional.
Es por ello que las defensas de los 11 acusados denunciaron de forma unánime que, de demostrarse estas sospechas, el procedimiento que provocó que Luis Pineda permaneciera en prisión provisional durante tres años, estaría viciado de origen. Al hilo, plantearon al tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que se estaba produciendo indefensión en tanto la causa que investiga la relación del BBVA con Villarejo sigue, hasta el momento, bajo secreto de sumario. Ello hace que las partes personadas en esta pieza del caso Tándem desconozcan el contenido de la investigación, la cual podría recoger aspectos que afecten de manera directa al devenir de este procedimiento penal.
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