Nuevas pruebas de calado en la causa por la caja 'B' del Partido Popular. La UDEF ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que alerta de pagos supuestamente opacos al partido provenientes de la sociedad Degrémont coincidiendo en tiempo con algunas adjudicaciones que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional. En concreto, se refieren a la licitación de un contrato de suministro por parte del Canal de Isabel II por un importe de 6,9 millones de euros y que se habría conseguido, según exponen, siguiendo una dinámica de entregas de dinero en las que medió el extesorero de la formación, Luis Bárcenas.
El informe policial, al que ha tenido acceso La Información, se conoce después de que el magistrado Santiago Pedraz haya dado luz verde a la petición de Luis Bárcenas de comparecer para aportar más pruebas de esta supuesta contabilidad extraoficial. A falta de concretar la cita, que no se producirá antes del mes de abril, la Policía Judicial sigue acotando la relación entre los donantes del partido y las licitaciones conseguidas en aquella época. El oficio policial, que da respuesta a la petición del magistrado, pone el foco en dos concursos convocados en el año 2006 por el Canal de Isabel II, empresa cuyas irregularidades se investigan en el caso Lezo. El primero de ellos es el relativo al servicio de explotación de la depuradora Viveros de la Villa y el segundo por el montaje de un turbocompresor de aire para esa misma estación. Ambos sumaban un importe total de licitación de 7,3 millones de euros.
Los agentes constatan que ese mismo año se aprobó una tramitación urgente para licitar el contrato que fue a parar a Degrémont. No obstante, no fue la única adjudicación pública de la que se benefició la constructora. Los agentes apuntan que esta práctica se mantuvo al menos entre los años 2002 y 2009, fechas en las que también consta acreditados que los presidentes de la firma -Rafael Palencia y Ángel Salado- entregaron dinero en metálico que el Partido Popular depositó en la cuenta de los donativos. Así, figuran ingresos que superan en su conjunto los 194.000 euros y que se habrían efectuado entre los años 1998 y 2008. Los importes van de los 15.0000 euros a los 60.000 que se abonaron en 2003. Destaca el abono de 35.000 euros en mayo de 2007, apenas medio año después de adjudicarse el proyecto que ahora investiga la Policía Judicial.
El papel de Bárcenas
Los agentes destacan la intermediación de Luis Bárcenas y de Francisco Correa. Este último propició la reapertura de esta causa después de que en el juicio por la primera época de la red Gürtel confesara la existencia de estos pagos a cambio de adjudicarse obras de la Administración. Esta parte de declaración la recogen los agentes para acreditar que él daba traslado de los intereses de los empresarios al partido a través de la figura de Luis Bárcenas. "Yo con Álvaro Lapuerta prácticamente no tuve ninguna relación. Toda la relación la tuve con Luis Bárcenas", confesó. El cabecilla de la trama también implicó al consejero de Degrémont, Plácido Vázquez. Según dijo, este empresario hacía las veces de interlocutor de grandes empresas como OHL o ACS y de la firma de Rafael Palencia. Correa explicó que gestionaba el trámite con esas sociedades y luego se lo trasladaba a él para que, a su vez, lo pusiera en conocimiento de Bárcenas.
También dijo que si la gestión salía bien Plácido Vázquez se quedaba una parte de esas cuantías al igual que hacían el extesorero popular y él mismo. Precisamente, la información aportada hace más de dos años por la empresa a requerimiento del entonces instructor José de la Mata demuestra que se efectuaron pagos a Plácido Vázquez por un total de 1,41 millones de euros. Las retribuciones que percibió en calidad de consejero de la sociedad corresponden al período comprendido entre los años 2000 y 2016. El avance de la causa permitió constatar que, entre 2001 y 2003 Vázquez hizo ocho entregas en efectivo de dinero a Correa, el cual las anotó bajo las indicaciones de 'Ingreso de Plácido", "recibido de Plácido" o "recogidos/retirados de casa de Plácido".
El monto total ascendería a 2,1 millones de euros y los beneficiarios de estos supuestos pagos en 'B' fueron además de Bárcenas y Correa, Jesús Merino (exsenador y antiguo secretario general del PP en Castilla y León); Gerardo Galeote (exdiputado europeo del PP) y Jesús Sepúlveda (exalcalde de Pozuelo de Alarcón y marido de Ana Mato en el momento de los hechos). Algunos empresarios que trabajaron con Vázquez explicaron que hacía las funciones de un comercial y que cobraba tras analizar las oportunidades que tenían las firmas de conseguir las adjudicaciones. Él, por su parte, declaró que nunca intermedió en los concursos de la Administración, sino que simplemente asesoraba las necesidades de los medios a emplear.
"Ayudo para que me traten bien"
Los agentes también se hacen eco de una conversación grabada entre Palencia y el entonces gerente del Canal, Ildefonso de Miguel. Este último, considerado como hombre de confianza de Ignacio González, controló de manera directa las licitaciones e incluso se encargó de responder a las quejas de empresas que insinuaron irregularidades en el proceso. Según explican los agentes, la grabación da buena cuenta de cómo lograron adjudicarse las obras. En el encuentro mantenido en 2008, que se produjo gracias a la mediación de Bárcenas, el empresario dijo que las donaciones las recogía el fallecido Álvaro Lapuerta y Bárcenas y que la finalidad era que "se abrieran las puertas". "¿Qué les das un sobre o así?", preguntó el exgerente del Canal a lo que el empresario respondió afirmativamente. "Yo le ayudo al partido en general para que él me ayude en general... que me traten bien", dijo.
Las conclusiones de la Policía Judicial se conocen después de que rastrearan el Canal de Isabel II en busca de estos contratos y de otros que han aparecido directamente vinculados con esta causa. El objetivo era apuntalar el vínculo entre las donaciones y las licitaciones por su cercanía en el tiempo. De hecho, los agentes también se presentaron en noviembre en la sede del SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) en busca de documentos relativos a la construcción de una planta de tratamientos de aguas residuales en Casarrubios del Monte (Toledo). Los investigadores impulsaron el caso tras acreditar la relación directa entre esta causa y la relativa al robo de material de Bárcenas, que se sigue en el caso Villarejo, teniendo en cuenta que algunas anotaciones del extesorero que obran en esa causa coinciden con los pagos de los donantes al PP que ahora acotan los agentes de la UDEF.
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