La Unión Europea (UE) se siente vulnerable porque depende de las importaciones para asegurar su suministro de energía. Es una realidad preocupante para todos los socios del club, pero es especialmente grave para España que supera en 20 puntos la media de dependencia de sus socios (53%). Por eso es clave el paso que han dado el Parlamento y el Consejo de Europa -el organismo encargado de adoptar legislación y de coordinar las políticas de la UE- para que cada país piense en poner límites a las importaciones de petróleo y gas fundamentalmente. Recomienda la aprobación de objetivos concretos en los planes integrados de Energía Clima.
La UE avanza despacio -a veces tan despacio que exaspera- pero cada paso es trascendente. El 21 de diciembre pasado registró uno de esos pequeños avances. El Diario Oficial de la UE publicó el reglamento sobre la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima que debe guiar a los Gobiernos para actuar en cinco áreas: seguridad Energética; mercado interior de la energía; eficiencia energética, descarbonización e investigación, innovación y competitividad.
En el artículo 4 del reglamento hay un punto especialmente importante para un país como España. El artículo recoge que cada Estado miembro debe establecer en su plan integrado de energía y clima objetivos nacionales para "el aumento de la diversificación de fuentes de energía y de suministro desde terceros países, con la posible finalidad de reducir la dependencia de la importaciones de energía". En suma: establecer límites a las importaciones energéticas.
Indicación, no obligación
La indicación -que no la obligación- es muy importante para España, donde en 2018 se encendieron las alarmas porque la dependencia energética creció dos puntos el año anterior y llegó al 76% (datos de APPA) -más de 20 puntos por encima de la media de la UE-. Además, los precios de la electricidad están en niveles récord; las emisiones de gases se han disparado un 4,4%; el peso de las renovables ha caído respecto al conjuto; el consumo de gasolinas bate marcas de una década y el gasto en importaciones de crudo roza ya el 4% del PIB, cerca de 40.000 millones anuales.
Los datos son malos. Con el cierre de 2018 pendiente, el conjunto de 2017 da una idea del problema. España gastó en el último ejercicio cerrado 37.340 millones de euros en importar hidrocarburos, según datos del Ministerio de Economía. Un 30% más que un año antes. El incremento del gasto tuvo un impacto directo en el déficit energético -por encima de 20.000 millones de euros-. Y también en el conjunto de la balanza comercial, que cerró con un desajuste de 27.900 millones, un 32% más.
Las perspectivas no son buenas. En el primer semestre de 2018, las importaciones de crudo se situaron en 33,06 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 3,6% comparación con el mismo período de 2017, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Octubre sobre octubre (ver gráfico) las importaciones de crudo también crecen un 1,3%. Al cierre del año, todo apunta a un nuevo récord.
Emisiones y calentamiento
Limitar las importaciones energéticas no sólo afecta a la seguridad de suministro o a las cuentas públicas. Si los Estados fijan objetivos para reducir las compras de hidrocarburos -y fomentan las renovables-mejorará la lucha contra las emisiones de gases y el calentamiento global. También es una batalla pendiente para España.
El Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica recoge que el país emitió en 2017 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supuso un 4,4% de aumento respecto al año anterior. Fue la mayor subida interanual desde el año 2002 y uno de los puntos clave a corregir con la futura ley de Cambio Climático.
El reglamento recién aprobado también recoge una novedad que afecta al mercado interior de la energía y a las interconexiones: los Estados deben fijar el nivel de interconexión de electricidad que pretendan alcanzar en 2030 -el objetivo mínimo es del 15%-, pero toda nueva interconexión deberá ir acompañada de un análisis del coste-beneficio y sólo se podrá construir "si los beneficios potenciales superan los costes".
En España, ese análisis brilló por su ausencia en marzo pasado, cuando el Gobierno del PP reactivó la tercera interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental con carácter "excepcional" según el BOE. La decisión del Gobierno no fue acompañada de informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que avalaran la rentabilidad del proyecto.
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