El juez encargado del caso Popular ha dado un ultimátum al FROB para que le entregue todos los correos electrónicos enviados y recibidos entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2017 que tengan relación con la resolución del banco. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, reclamó esta información el pasado 14 de abril y ahora da al organismo un plazo de siete días para que, "sin dar lugar a nuevos recordatorios", remita la copia de dicha correspondencia.
La Audiencia Nacional abrió esta causa en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho. Un procedimiento que se centra en dos líneas de investigación: las presuntas irregularidades contables de la entidad extinta con la ampliación de capital en 2016; y las filtraciones a la prensa que habrían provocado la resolución del banco a mediados del año siguiente.
Así, con el fin de ahondar en los hechos que rodean a la desaparición del banco, el juez Calama solicitó hace dos meses al FROB todas las actas de las reuniones de su Comisión Rectora celebradas en el primer semestre de 2017 en las que se haya tratado cualquier tema relacionado con la entidad extinta. Una documentación que el organismo envió el pasado 21 de mayo y en la que se indica que la autoridad adoptaría las medidas que fueran necesarias para ejecutar la orden de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el banco Popular. Una decisión que llegó el 7 de junio de 2017, un día después de que el Banco Central Europeo (BCE) señalara a la entidad española como inviable o con posibilidad de que llegara a serlo.
Pero el juez no sólo mostró interés por estas actas de la Comisión Rectora. También pidió una copia de los e-mails que el FROB intercambió durante los días previos a la resolución del Popular con la JUR y el BCE, así como con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco Popular, Banco Santander, BBVA, cualquier entidad financiera o la consultora Deloitte; si bien el FROB no ha dado traslado aún de esta documentación que ahora vuelve a reclamar el instructor por el valor que pueda aportar a la investigación.
En su auto del pasado mes de abril, el magistrado explicó que la Autoridad de Resolución Ejecutiva, a instancia de la JUR, ordenó "la venta del negocio de la entidad", como mecanismo de resolución, "previa la amortización y conversión de los instrumentos de capital que determinen la absorción de las pérdidas necesarias para alcanzar los objetivos de la resolución". Finalmente, el Santander adquirió el banco por un euro.
En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional citó a declarar al que fuera presidente del FROB en ese momento, Jaime Ponce, al ser un "testigo privilegiado" que podría aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso resolutivo, "debiendo explicar muchos pormenores del mismo, desde su génesis hasta su finalización".
Preocupación de la JUR
En su declaración, que tuvo lugar el pasado 27 de mayo, Ponce indicó que el FROB se limitó a seguir el mandato de la JUR. Explicó, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, que los mecanismos de resolución se activaron después de que los representantes del organismo internacional le trasladasen, en una cena que tuvo lugar el 12 de mayo de 2017, su preocupación sobre la situación del banco español, ya que previamente Emilio Saracho les había advertido de problemas en la entidad.
La declaración de Ponce no quedó aquí. También hizo referencia a las manifestaciones que hizo la presidenta de la JUR, Elke Köning, en una entrevista de televisión unas semanas antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración en otro medio de comunicación sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad. El expresidente del FROB aseguró que recriminó a Köning su actuación en dos correos electrónicos, si bien, ante la insistencia del juez Calama, aclaró que nunca hizo una queja formal.
El magistrado quiere ver qué fue lo que exactamente le dijo Ponce a Köning, por lo que pide al FROB que, entre la documentación que tiene que remitirle en los próximos días, incluya una copia de estos correos electrónicos que el expresidente del organismo creado en 2018 habría mandado afeando las declaraciones que la presidenta de la JUR hizo a Bloomberg el 23 de mayo de 2017, así como la contestación que ésta pudiera haber hecho.
El juez Calama considera que estas informaciones aparecidas en prensa pudieron tener un "impacto muy negativo" en la liquidez de la entidad, alentando la retirada de depósitos de los clientes. Por este motivo, ha citado a declarar como testigo el próximo 27 de julio a Köning para que explique "qué le llevó a manifestar en un programa de televisión" tales consideraciones, que "parecen vulnerar el 'parámetro de confidencialidad' exigible por ley".
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