Se acabó el tiempo. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un ultimátum a los peritos judiciales que fueron designados para analizar si el Banco Popular financió a clientes para que acudieran a la ampliación de capital que la entidad llevó a cabo en mayo de 2016, un año antes de su desaparición. En un reciente auto, al que ha tenido acceso La Información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha dado un plazo de siete días a los expertos para que aporten el informe que ordenó elaborar en febrero de 2021 sobre este asunto.
La investigación judicial sobre los motivos que provocaron la resolución del banco en junio de 2017 se centra principalmente en esclarecer dos hechos: las presuntas irregularidades contables relacionadas con dicha ampliación de capital por el valor de 2.500 millones de euros y la posible filtración a la prensa de la situación en la que se encontraba la entidad y el "impacto muy negativo" que ello pudo tener en su liquidez. Precisamente, el juez instructor acordaba el pasado 13 de enero la prórroga de este procedimiento por, al menos, otros seis meses para poder practicar las diligencias que aún quedan pendientes, entre ellas la entrega de varios informes periciales como el que ahora reclama.
De hecho, el magistrado subrayó en dicha resolución que una de las razones que justifican la extensión de la instrucción del caso, en el que se encuentran imputados los dos últimos presidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, es que "resta por finalizar la investigación sobre la posible financiación a clientes que participaron en la ampliación de capital del Banco Popular del año 2016". Lo que se pretende aclarar es si la entidad "de forma deliberada" no restó la operación de financiación del capital regulatorio, ya que esta práctica en sí misma no es irregular, pero sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia.
En este sentido, el juez instructor Calama requirió en febrero de 2021 al Banco Santander -que compró el Popular por el valor simbólico de un euro- Santander tres ficheros informáticos relacionados con documentación sobre suscriptores de la ampliación de capital no empleados y financiación de los mismos entre el 25 de mayo y el 20 de junio de 2016. Con toda esta información, el magistrado requirió a los peritos examinar si el banco extinto "ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo".
Un año después de dar esta instrucción, el magistrado en un auto con fecha del pasado 4 de febrero afirma que los peritos "han dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos ficheros y, en consecuencia, están en condiciones de elaborar un informe" relativo a la posible financiación otorgada a determinados clientes que suscribieron más de 5.000 acciones. Por ello, les emplaza a presentar su análisis en el plazo de una semana.
Documento de "enorme trascendencia"
El instructor dio un impulso a esta parte de la investigación hace un año tras constatar que en el sumario de la causa hay un archivo de "enorme trascendencia". Se trata de un informe que el que fuera vicesecretario del consejo de administración de Popular, Heraclio Peña, remitió el 2 de octubre de 2107 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para explicar diversos aspectos relativos a la comunicación que hizo el banco sobre la operación de financiación en cuestión, a través de un hecho relevante de 3 de abril de 2017.
Según destacó el magistrado, de dicho documento se deduce que tanto el consejero delegado del Banco Popular como los directores generales de Banca Minorista (Antonio Pujol) y de Negocio de Clientes (José Ramón Alonso) fueron los que impartieron "instrucciones específicas" a la red comercial, a través de los directores territoriales y regionales, para que "ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital".
El juez añadió que, "con carácter indiciario", los máximos responsables de departamentos estratégicos, como el de Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos, "conocieron y consintieron dicha financiación", pese a que el manual de políticas de riesgos de la entidad prohibía expresamente financiar a clientes para comprar acciones. De hecho, el magistrado no ocultó la "estupefacción" que le causó que precisamente los auditores del banco no abrieran una "amplia investigación interna" respecto a esta cuestión. Es por ello, indicó, por lo que es necesario el examen pericial para acreditar cómo se llevó a cabo la financiación de clientes y si los altos cargos de Popular pudieron cometer alguna irregularidad.
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