BBVA, Sabadell, Bankia y Santander entran en el caso del Popular. El juez ha requerido a las cuatro entidades que analizaron los documentos de su venta hace ahora tres años para que aporten todos los expedientes internos que se hicieron en su momento. El objetivo del instructor es aclarar cuánto valía el banco realmente antes de su caída así como los pormenores de su resolución, teniendo en cuenta que, pese a que hasta cuatro entidades se plantearon una posible oferta, finalmente ninguna se decantó por el banco que acabó en manos de la JUR.
El instructor José Luis Calama busca tener toda esta documental en su mano antes de llamar a declarar como testigos a los interlocutores de estas cuatro entidades. De este modo pretende revisar toda la documentación que se puso a disposición de potenciales compradores entre el 6 de mayo al 28 de julio de 2017 a través de la herramienta VDR (Virtual Data Room). Así lo explica el juez en una providencia de finales de octubre en la que fijaba un plazo máximo de dos semanas para aportar todo este legajo en soporte digital. La diligencia en relación a este proceso -que se bautizó como proyecto Noya- se acuerda tras escuchar en sede judicial a Ana Botín y Rodrigo Echenique. Ambos explicaron los motivos que llevaron al Santander a no formular oferta de compra así como su adquisición tras la resolución por un euro.
Al respecto llamó la atención las explicaciones de Botín acerca de por qué rechazaron comprar en un primer momento el entonces sexto grupo bancario. Según expuso, en apenas dos semanas, pasaron de estudiar los documentos del Popular a plantear un hipotético escenario que terminó produciéndose en junio de ese año. Preguntada por algunas defensas acerca de este importante cambio de criterio del Santander, su presidenta dijo que fue un panorama fácil de vislumbrar debido a la intensa fuga de depósitos que se estaba produciendo entonces, además de por los informes que tenían entre manos y la experiencia con el portugués Banif. No obstante, negó presiones del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y trazó además la línea con Emilio Saracho en aras a disipar dudas sobre la información que realmente disponían de la situación real del Popular.
"Vaivenes llamativos"
Aunque ahora el juez abre esta vía de investigación, lo cierto es que ya puso el foco en el proceso hace unos meses. De hecho dio luz verde a la petición de que se sumaran a la causa los informes de compra del Santander así como los autores de las valoraciones efectuadas durante todo el 2017 en aras a poder llamarles a declarar para que expliquen en sede judicial su contenido. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 llegó a decir que los "vaivenes valorativos" del Popular eran cuanto menos "llamativos" y que requerían de una "explicación convincente". Anticorrupción pidió esta diligencia dejando claro que la finalidad no era acceder a los criterios de evaluación de Botín para adquirir el Popular sino esclarecer cuál era su verdadero valor a mediados de 2017.
Así lo plasma también Aeris Invest, la sociedad de inversión de la familia Luksic, en su petición dirigida al juez. En el escrito, al que ha tenido acceso La Información, explican que se hace necesario requerir los correos intercambiados entre Banco de España y CNMV sobre la compra del Popular y que la documental aportada por el Santander (entre la que se encuentran actas de los Consejos de Administración de abril y mayo de ese año) da pie a poner el foco ahora en los otros bancos. "Ha florecido la necesidad de proceder a un mayor esclarecimiento de los hechos relativos al proceso de venta privada", exponen añadiendo que es clave averiguar "la concreta situación y el estado económico, financiero y contable" de la entidad así como las "razones y motivos" por las que ninguna de las cuatro entidades que accedieron al VDR hicieron oferta de compra.
La defensa del inversor chileno pidió igualmente que declare como testigo el director de Desarrollo Corporativo del Santander, José Luis de Mora, para que desarrolle las explicaciones de Botín acerca de por qué a principios de mayo el banco se echó atrás y, menos de un mes después, decidió "súbita y repentinamente" adquirirlo toda vez éste fue objeto de resolución por parte de la JUR. "Fue una actuación que resulta del todo insólita y sorprendente", rezan. En relación a los correos intercambiados con el regulador y el supervisor, explica que igualmente es necesario acceder a los mismos después de las explicaciones dadas en sede judicial por la expresidenta de CNMV Elvira Rodríguez, y su todavía mandatario Sebastián Albella.
Los correos con la CNMV
Este último, que declaró como testigo el pasado mes de septiembre, expuso que en el periodo comprendido entre el año 2016 y junio de 2017 se produjeron diversas comunicaciones e interlocuciones (no frecuentes, sino puntuales) entre determinados funcionarios de la CNMV y el Popular, las cuáles desconoce. No obstante, considera la defensa legal del magnate chileno que su contenido puede ser "del todo relevante" para esclarecer los detalles de la oferta de venta de la entidad. Precisamente este mismo jueves ha declarado en la causa el que fuera socio de Albella en el despacho que asesoró la ampliación de capital del año 2016.
El presidente de la CNMV, que expuso que el banco cayó por problemas de liquidez, relegó su papel en este asunto concreto a una asesoría "técnica y puntual" relativa exclusivamente a los aspectos jurídicos de la operación. En los mismos términos se expresó su socio, Jorge Alegre, a preguntas de los abogados de los imputados que tratan de probar que el aumento de capital social por valor de 2.505 millones de euros tuvo todas las garantías necesarias. Este es uno de los capítulos que indaga la Fiscalía Anticorrupción ante la sospecha de que se pudieron producir irregularidades en la operativa de 2016. Precisamente, pese a participar en este procedimiento, Albella expedientó a la excúpula del banco por falsedad en las cuentas de ese ejercicio. La otra pata de la investigación se centra en aclarar si hubo filtraciones de información falsa desde dentro del consejo que hizo caer el valor de la acción de la entidad.
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