La Justicia en España es mejorable. Es la conclusión a la que han llegado mayoritariamente los jueces y magistrados españoles, que han coincidido en que faltan jueces y funcionarios, los recursos son escasos y las remuneraciones son bajas.
El Consejo General del Poder Judicial, en el marco de un convenio suscrito con Transparencia Internacional, ha enviado un cuestionario, con preguntas sobre diferentes áreas, a 5.390 jueces y magistrados en activo -contestaron 1.285-, que ha permitido realizar una radiografía de la justicia y mostrar las asignaturas pendientes qeu tiene la Justicia en España.
La falta de personal es una de las evidencias. En España, el número de jueces es la mitad aproximadamente de la media europea (21 jueces por 100.000 habitantes en Europa y 11 en España), un asunto que según admiten los jueces va en detrimento de la Justicia.
La situación de la Justicia es claramente mejorable en diversos aspectos, tanto a nivel general como en el Orden Jurisdicional, coinciden los jueces.Situación de los jueces
El 84% de los jueces y magistrados en activo no están conformes con su retribución. Esta
postura se manifiesta en términos generales, aunque disminuye inversamente proporcional a la edad y años en ejercicio.
También admiten una excesiva carga de trabajo, ya que siete de cada diez jueces se ven desbordados por su trabajo. Los más críticos con esta situación se se encuentran en los Juzgados de lo Social y los Juzgados de Primera Instancia. Sin embargo, un 27% consideran la carga adecuada y un 2% baja.
Mientras, casi la mitad de los encuestados consideran necesario incrementar el número de
jueces y funcionarios. Esto es apoyado en un 60% del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Audiencia Provincial, y en un 71% en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Un 71% de los encuestados se muestra a favor de mantener el actual sistema de oposición. Casi un tercio de los encuestados en los Juzgados de lo Social quiere que se cambie este sistema.Perspectiva de género
El CGPJ y los órganos de gobierno de la carrera judicial no favorecen suficientemente la promoción y aplicación de medidas de conciliación de la vida personal y familiar, aseguran seis de cada diez jueces y magistrados. Casi tres cuartas partes de las mujeres encuestadas lo secundan.
Mientras, un 72% de los jueces y magistrados en activo consideran que en la carrera judicial
no existe discriminación atribuible a cuestiones de género. Un cuarto de las mujeres que han respondido a la encuesta se manifiesta contraria a esta afirmación.Consejo General del Poder Judicial
Casi un 55% se considera poco informado sobre las actuaciones de la institución. A esto hay añadir que un 4% tiene total desconocimiento.
La opinión acerca del funcionamiento de los órganos técnicos del Consejo en cuanto a regimen disciplinario y nombramientos presenta un balance negativo. El 67 % de los jueces y magistrados consideran que en los nombramientos que realiza el CGPJ no predominan los criterios de capacidad y mérito. Esto es apoyado por un 79% de los encuestados de los Juzgados del Contencioso Administrativo y un 77% en el TSJ.
Mientras, tres cuartas partes de los jueces y magistrados en activo piensa que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia. Esta opinión se mantiene por encima de un 70% independientemente de la edad, sexo, años en ejercicio u órgano de pertenencia. Además, la mitad de los encuestados indica que el CGPJ no posee mecanismos y procedimientos adecuados para defenderla.Órganos de gobierno del poder judicial
Un 43% de los encuestados están de acuerdo con potenciar el papel de los Órganos de Gobierno del Poder Judicial. Los jueces y magistrados del TSJ son quién más apoyan esta postura (61%).Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas
El 68% piensa que la asunción de competencias de Justicia por las comunidades autónomas no ha sido beneficiosa para la Administración de Justicia. Casi un 85 % en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo se posiciona de esta manera.Medios de Comunicación
Nueve de cada diez jueces y magistrados cree que los medios de comunicación no reflejan con objetividad las informaciones y quehaceres judiciales. Sin embargo, casi la mitad de los
encuestados considera necesario para su profesión el seguimiento de los medios de comunicación.
Esta última opinión tiene mayor peso en el TSJ, la Audiencia Provincial y los Juzgados de Instrucción.
La mitad de la carrera judicial se encuentra muy o bastante preocupado por el posible impacto mediático de un asunto de su competencia.Medios tecnológicos y lenguas cooficiales
Un 58% de la carrera judicial considera que no dispone de todas las utilidades que ofrece la base documental del CENDOJ.
En cuanto a las lenguas cooficiales, un 15% de aquellos que desarrollan su actividad en comunidades autónomas con lengua cooficial manifiestan tener alguna dificultad en el uso de dicha lengua.Orden jurisdiccional penal
Además de la anterior Encuesta de carácter general, se ha realizado adicionalmente una encuesta dirigida a los Jueces y Magistrados del Orden Jurisdicional Penal en activo en España (un 53% del total de todos los jueces y magistrados), centrándose las preguntas de esta encuesta adicional en tres áreas de análisis.Independencia judicial
En la tramitación o enjuiciamiento de procedimientos sobre delitos de corrupción, un 74% de los jueces o magistrados afirma no haber sufrido en ninguna ocasión presiones externas en la tramitación o enjuiciamiento de procedimientos sobre delitos de corrupción.
Sin embargo, un 9% manifiesta si haberlas recibido. Los orígenes de estas presiones son los medios de comunicación (51%) y origen político (43%).
Ante estas presiones, un 67% de los jueces y magistrados han hecho caso omiso y un 7% han recurrido al CGPJ para hacer constar este intento de coacción.Modificaciones procesales
La revisión de los privilegios en los artículos 410 y siguientes de la LECri en la declaración testifical a determinados cargos y representantes públicos es apoyada por el 79% de los jueces o magistrados del Orden Jurisdiccional Penal.
Prohibición del ejercicio de la Acción Popular a los partidos políticos: Un 60 % de la carrera judicial correspondiente a este orden está de acuerdo con esta modificación procesal en procedimientos en los que se investigue delitos de corrupción.
La creación de órganos con competencia provincial para la investigación e instrucción de delitos de corrupción política y económica cuenta con un respaldo del 60 % de los jueces y magistrados del Orden Jurisdiccional.Necesidad de medidas
El 66% de los jueces y magistrados de este orden considera muy necesaria tanto la formación inicial como la continua respecto a la tramitación de causas complejas de corrupción.
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