Un abogado español, entre los funcionarios de la CPI detenidos en Libia

La Haya, 10 jun.- El abogado español Esteban Peralta es uno de los cuatro funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) detenidos el pasado jueves en Libia mientras visitaban en la prisión a Saif el Islám, hijo del fallecido dictador Muamar el Gadafi, según indicó hoy a Efe la jefa de comunicación de esa corte, Sonia Robla.

"No sabemos dónde están, no tenemos contacto con ellos desde el jueves y estamos preocupados por su seguridad y condiciones médicas", declaró Robla, quien recordó que la Corte ha exigido la "inmediata" liberación de los detenidos.

Casado y con dos hijos, Peralta (48 años) trabaja desde 2003 en la CPI como asesor legal y como tal se desplazó en comisión de servicios el pasado jueves a Zintan (noroeste de Libia) como miembro de una delegación de la Corte compuesta además por una colega libanesa, nombrada abogada de oficio para la defensa de El Islam, un diplomático ruso y una intérprete libanesa.

La comitiva viajó a Libia "siguiendo su obligación de asegurarse del estado de la detención de El Islám y que se respetan sus derechos", explicó Robla.

La visita contaba con el visto bueno de las autoridades libias, por lo que la detención de los funcionarios ha sido una sorpresa.

"En el momento de la entrevista con El Islám ocurrió algo, les debieron de quitar los teléfonos, y desde entonces no hemos tenido contacto con ellos, no sabemos qué ha pasado con exactitud", según Robla, quien aseguró que la CPI mantiene "conversaciones" con el las autoridades libias, que "son nuestro interlocutor oficial".

El presidente de la CPI, el juez Sang-Hyun Song, declaró ayer en un comunicado que están "muy preocupados por la seguridad de nuestro personal ante la falta de contacto con ellos", por lo que pidió a las autoridades libias "que emprendan inmediatamente todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad y liberarlos".

La CPI y las autoridades libias están enfrentadas sobre dónde debe ser juzgado el hijo de Gadafi, acusado en La Haya de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el las fuerzas de régimen del fallecido dictador Muamar el Gadafi durante las revueltas de insurgentes en Libia en febrero de 2011.

El tribunal con sede en La Haya tiene pendiente una orden internacional de arresto, pero las autoridades libias han cuestionado la admisibilidad del caso.