Un centenar de trabajadores demanda al Instituto Valenciano de la Vivienda

Valencia, 16 jul.- Un centenar de trabajadores del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) ha presentado demandas individuales en varios juzgados de lo Social de Valencia y Alicante por el expediente de regulación de empleo (ERE), al considerar que se ha producido "fraude de ley".

Según un comunicado del despacho de abogados que representa a 60 afectados, los trabajadores alegan que el IVVSA "ha omitido y manipulado interesadamente datos sobre las funciones y la situación real" de la empresa.

En las demandas se solicita que la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, y otros altos cargos de la Generalitat sean citados a declarar por "fraude de ley y ausencia de buena fe" en la presentación del ERE.

Denuncian que la empresa ha estado demorando desde hace meses la firma de certificaciones de trabajos realizados para la Generalitat y la firma de escrituras de compraventa de viviendas y locales "para limitar el flujo de ingresos", con el fin de presentar "peores resultados económicos" con los que justificar la reducción de plantilla.

Añaden que la Generalitat adeuda 130 millones de euros al IVVSA, "de forma que la situación económica" de la empresa pública "no radica en su funcionamiento o en la caída de la demanda inmobiliaria, sino en la falta de voluntad política para que la empresa siga cumpliendo su función social".

Respecto a la "ausencia de voluntad real y buena fe" en la presentación del ERE, los trabajadores argumentan que el IVVSA no adoptó las medidas de auditoría y control exigidas por el decreto ley de finales de 2011, "cuando aun se podía llevar a cabo una reestructuración ordenada del sector público".

Los trabajadores proponen que la bolsa de viviendas de titularidad pública desocupadas y las nuevas promociones se reconviertan en alquiler social si el IVVSA "pudiera seguir desarrollando su actividad como hasta el momento".

El despacho de abogados de Antonio Montiel representa a sesenta trabajadores de la empresa pública, el grupo más numeroso de demandantes. El resto de los trabajadores ha recurrido a sindicatos o a abogados particulares.

En declaraciones a EFE, Montiel ha considerado que la forma de proceder de la Generalitat Valenciana pone de manifiesto que no priman criterios de racionalidad y eficiencia, sino "puramente ideológicos y economicistas a corto plazo".