Madrid, 24 abr.- El Gobierno se plantea que la Ley de Transparencia se aplique a todas las administraciones y empresas o entidades con financiación pública mayoritaria y para ello fijará un criterio objetivo que podría ser que los organismos financiados con un 51 por ciento de fondos públicos estén sujetos a la nueva norma.
La cifra no está cerrada pero, según fuentes del Ejecutivo, la idea es establecer un baremo objetivo para decidir qué entidades entran y cuáles se quedan fuera de la ley.
El porcentaje del 51 por ciento es uno de los que están en estudio mientras la ley, que fue remitida al Congreso en septiembre, se encuentra aún en fase de comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional.
La futura norma contemplará la obligación de aplicar los criterios de transparencia a todos los organismos dependientes del Estado y de hacer públicos los contratos de esas administraciones, incluidos los de la Casa del Rey cuando dependan de Patrimonio del Estado y sean pagados con fondos públicos.
Esto afectaría, por ejemplo, a desplazamientos o viajes oficiales y gastos de personal o de otro tipo que repercutan en los presupuestos de diferentes ministerios en sus servicios a la Casa del Rey, ya que están sometidos a las normas que rigen la administración.
De hecho, el texto enviado al Congreso ya establece que serán incluidos todos los contratos públicos, aunque la complejidad está en que la Corona no es una administración y no está sometida al derecho administrativo.
En principio, se pretende que la norma se aplique a todos por igual, según las mismas fuentes, siempre respetando los límites que marca la Constitución respecto a la Monarquía.
Las negociaciones del Ejecutivo con la Casa Real están muy avanzadas, al igual que los trabajos parlamentarios en los que se enmarca la ronda de comparecencias de expertos en la Comisión Constitucional, que esta misma tarde celebra una nueva sesión.
Respecto a la Iglesia, las mismas fuentes han insistido en que no ha habido contactos, ya que aún se tiene que decidir ese criterio objetivo que fijará a qué entidades se aplica la Ley de Transparencia y de momento no se ha abierto ninguna ronda de consultas con las instituciones a las que podría afectar.
En principio, el Gobierno calcula que la próxima semana o la siguiente pueden comenzar los contactos con los grupos parlamentarios para cerrar los flecos que quedan pendientes en el texto, incluido el porcentaje que se utilizará para decidir qué entidades se verán afectadas por la norma.
El Ejecutivo confía en que el texto se enriquezca con las aportaciones de las fuerzas políticas y las opiniones expresadas por los expertos en la Comisión y espera buena disposición por parte de todos los grupos para que el consenso y el diálogo sean los principios por los que camine esa negociación.
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