Un ex concejal utilizó una sociedad para recibir fondos "con intereses urbanísticos" en el caso Astapa

Estepona (Málaga).- El ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona Francisco Zamorano utilizaba Lauzavi S.L. para recibir "fondos procedentes de empresarios con intereses urbanísticos", según recoge en el sumario del caso Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción en el Consistorio.

La sociedad, constituida el 8 de marzo de 2004, tiene como administradora a Narcisa Vizuete, mujer de Zamorano, y como objeto social el asesoramiento y prestación de servicios en materia de diseño de espacios interiores y decoración.

Según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, el ex concejal socialista utilizaba a su mujer, como administradora de Lauzavi, para recibir esos fondos, "muchas veces previo paso por las sociedades de Juan Simón", abogado imputado en la causa y primo del ex jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores.

Los investigadores señalan que en 2005 y 2006, Lauzavi recibió ingresos por importe de 779.982,59 euros de sociedades con intereses urbanísticos como Aedificat 2002 S.A., sociedad de Holding Valle Romano, que ingresó 118.320 euros; S&B Abogados 2000 S.L., vinculada a Juan Simón, que ingresó 218.594,39 euros, y los 166.549,2 euros que aportó Zabalgune Abogados S.L., relacionada con Valle Romano.

Además, de los 779.982,59 euros, 42.359 euros fueron ingresados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Estepona en concepto de arrendamientos de inmuebles.

El informe añade que en los ejercicios económicos 2005 y 2006, los principales pagos de la sociedad Lauzavi fueron 291.492 euros, que parecen corresponderse con parte del pago "por la compra de algún inmueble recién construido" por la mercantil Inmobiliaria Corales Dos de Estepona S.L. y 215.000 euros en concepto de retribuciones a Narcisa Vizuete, administradora de la empresa.

"Por lo que se puede apreciar son unas retribuciones elevadísimas", dice el informe policial.

El juez instructor del caso Astapa imputa a Narcisa Vizuete un presunto delito de blanqueo, mientras que a su marido, Francisco Zamorano, que se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros, los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.