El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se desplazó la última semana de enero a Panamá para interrogar a varios testigos con el fin de esclarecer si en los negocios que Mercasa desarrolló en el país centroamericano protagonizaron las comisiones irregulares para obtener adjudicaciones públicas. En este sentido, uno de los principales testigos, el exviceministro de Comercio Exterior panameño y exrepresentante permanente de la República de Panamá ante la ONU, Melitón Arrocha, comunicó al magistrado instructor que aportaría numerosa documentación que ayudaría a acreditar que toda la actividad empresarial se hizo dentro del circuito legal.
Una documentación de cuyo análisis depende el futuro procesal de esta línea de investigación del conocido como 'caso Mercasa', que se ha prorrogado otros seis meses más a la espera de que llegue a la Audiencia Nacional los resultados de la comisión rogatoria remitida a Panamá, en la que se requirió información bancaria de la empresa pública española en dicho país. A ella se adherirán todos los contratos, facturas y documentos que Arrocha aseguró que entregaría el pasado 26 de enero a la comisión judicial que se desplazó para su interrogatorio, compuesta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz.
La idea de Pedraz era tomar declaración a otras seis personas para aclarar el presunto reparto comisiones relacionadas con los cinco contratos públicos adjudicados a Mercasa entre 2010 y 2017 por un importe de 8,5 millones de euros (más de 9,7 millones de dólares), si bien no todos los testigos fueron localizados u otros fueron rechazados por la acusación pública como es el caso del exministro de Presidencia de Panamá Demetrio Papadimitriu, según indicaron fuentes jurídicas conocedoras de la causa a La Información. No obstante, la declaración de Melitón Arrocha tuvo cierta relevancia, ya que dedicó gran parte de su comparecencia a leer un extenso resumen de todos los datos que ha prometido aportar para tratar de despejar cualquier indicio sobre el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales que se investiga.
El 'caso Mercasa' se centra en las presuntas mordidas que la sociedad estatal habría pagado a autoridades y funcionarios para conseguir adjudicaciones de los gobiernos de Angola, República Dominica, Argentina o Panamá. La línea de investigación sobre los hechos presuntamente cometidos en el país africano ya se encuentra a la espera de juicio, después de que el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el juez José de la Mata, concluyera la instrucción en noviembre de 2019 y propusiera enviar a juicio a 17 personas, algunos de ellos directivos de la compañía, o el empresario José Herrero De Engaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Contra los procesados, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta ocho años de prisión por malversación y seis años por integración en organización criminal.
Por las presuntas irregularidades cometidas por Mercasa estaba investigado Pablo González, exdirector de Estrategia y Operaciones del consorcio público y hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, imputado en los casos 'Lezo' y 'Púnica', si bien el juez De la Mata decidió dejar fuera de la lista de investigados en relación a los proyectos en Angola. No ocurre lo mismo con Panamá, pues el magistrado que ha heredado esta causa, Santiago Pedraz, sí que previó su interrogatorio.
El 'modus operandi'
El 'modus operandi' seguido en todos los países sería la canalización de pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios extranjeros a través de acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban un porcentaje de la suma del contrato público conseguido. Dichas comisiones habría sido abonadas a cuentas bancarias cuya titularidad eran sociedades pantallas. En el caso de Panamá, los investigadores creen que el agente o comisionista habría sido el Melitón Arrocha, a través de su despacho de abogados, que ejerció como representante de Mercasa. Fue en este contexto en el que exviceministro se comprometió a entregar todos los documentos que demuestren que los servicios contratados se prestaron con el fin de descartar la comisión de cualquier delito.
Cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción tampoco descarta la participación de otros comisionistas como el consultor José Manuel Cano, quien fue contratado por Mercasa para uno de los concursos públicos en Panamá, por el que habría llegado a percibir una comisión del 6% del importe total de la licitación, más la suma de 75.000 euros anuales. No obstante, las sospechas aparecieron tras no encontrar signos que acrediten que estos servicios realmente fueran prestados.
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