Un fiscal argentino apela los sobreseimientos por el "megacanje" de 2001

  • Un fiscal argentino apeló los sobreseimientos, por "prescripción del delito", a los imputados en la causa del "megacanje" de la deuda externa que se llevó a cabo durante la presidencia de Fernando de la Rúa en 2001, informaron hoy fuentes judiciales.

Buenos Aires, 25 jun.- Un fiscal argentino apeló los sobreseimientos, por "prescripción del delito", a los imputados en la causa del "megacanje" de la deuda externa que se llevó a cabo durante la presidencia de Fernando de la Rúa en 2001, informaron hoy fuentes judiciales.

El fiscal Germán Moldes presentó un escrito ante la Sala II de la Cámara Federal para solicitar que se revise el fallo en esta causa y que la decisión sea adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, señala la Fiscalía argentina en un comunicado.

Nueve de los procesados, entre ellos el banquero y exsecretario del Tesoro de Estados Unidos David Mulford, el diputado del partido opositor Propuesta Republicana (Pro) Federico Sturzenegger, el exsecretario de Hacienda Jorge Baldrich y el exsubdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, fueron sobreseídos a principios de junio.

El único enviado a juicio oral aún sin fecha de inicio es el exministro de Economía Domingo Cavallo.

El comunicado de la Fiscalía señala que "todos ellos estaban acusados de haber incrementado los valores de la deuda y de haber favorecido a varios bancos en el proceso".

En su recurso, Moldes explica lo que denomina "la trastienda de la operación", es decir que durante el proceso de canje "existió una tramoya que tendió a favorecer a ciertos amigos de quienes llevaban adelante esa operación en nombre del Estado".

Para el fiscal, todos los que fueron sobreseídos tuvieron "intervención en los hechos", ya sea "desde que dieron amparo hasta que colaboraron con darle visibilidad a la maniobra", por lo que la resolución de la Cámara no atendió a que se trata de "actos de corrupción".

"Megacanje" es el nombre que se dio a la operación financiera llevada a cabo en junio de 2001 por el Gobierno de Fernando de la Rúa con la intención de postergar el pago de diversos vencimientos de compromisos internacionales hasta 2005.

El costo de esta dilación en el pago fue del 15 por ciento anual y ninguno de los objetivos de la operación pudo cumplirse, por lo que la deuda externa argentina se incrementó en torno a 55.000 millones de dólares y benefició a un grupo de bancos extranjeros.

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