Madrid, 30 sep.- Un grupo de sesenta asociaciones de toda España trasladará a los partidos políticos con representación parlamentaria una lista con 24 propuestas encaminadas a la "regeneración democrática" para que las incluyan en sus programas electorales.
Así lo han acordado los representantes de las entidades que se han dado cita hoy en Madrid para participar en el I Congreso de la Sociedad Civil, que, según los organizadores, representa a más de dos millones de ciudadanos.
La asociación Regional de Autónomos y Amas de Casa, la Federación Comarcal de Empresarios de Arousa, la Plataforma Clases Medias, la organización Higiene Democrática, Hazte Oir o Aragón Jóvenes Empresarios son algunas de las sesenta entidades que han asistido a este evento.
Entre las veinticuatro medidas acordadas por los asistentes se incluye la reforma del Sistema Electoral para consagrar el principio de "un hombre, un voto", que garantice que todos tengan "el mismo peso".
También contemplan la eliminación de cualquier estatuto jurídico "privilegiado" para la clase política y que la responsabilidad civil o penal vincule a aquellas personas que gestionen "irresponsablemente" fondos público.
Igualmente abogan por una reforma constitucional que reconozca y potencie la Iniciativa legislativa popular, con la reducción del número de firmas necesarias o la simplificación del procedimiento de presentación.
En materia económica, los asistentes han acordado solicitar la recapitalización con fondos públicos de las entidades financieras que lo necesiten, "incluso nacionalizándolas si fuera preciso" y modificar el sistema de financiación de las elecciones, estableciendo límites a los gastos electorales.
Así mismo, piden la eliminación de la financiación publica de aquellos partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones de partidos y ONG "de dudoso servicio a la sociedad".
En materia judicial, los representantes de las asociaciones han acordado pedir una reforma de la Constitución que vaya encaminada a conseguir la independencia judicial.
Para ello solicitan que "ningún militante de partido ni miembro de Gobierno y asimilados, puedan acceder al ejercicio de la función jurisdiccional".
También abogan por el establecimiento de penas "muy severas" para aquellos jueces y fiscales que dicten resoluciones o actúen por "servilismo político" o por "motivos espurios".
En cuanto al actual Estado de las Autonomías, piden que se cree una organización territorial del Estado "eficiente y susceptible de ser costeada".
Así como la reducción del número de Ayuntamientos "allí donde el tamaño, la viabilidad económica y la proximidad, aconseje agrupar varios municipios y pedanías bajo un único órgano rector".
Para los asistentes, el castellano es la lengua española oficial del Estado y "las demás lenguas españolas gozarán de protección estatal, pudiendo ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segunda lengua a elección de los progenitores, pero nunca en detrimento del idioma oficial de España".
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