El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha condenado a José Antonio del Olmo, el que fuera 'controller' de Iberdrola, por sustraer facturas "confidenciales" para poder utilizarlas en contra de la eléctrica. Así ocurrió en el 'caso Tándem', que se instruye en la Audiencia Nacional, donde se ha convertido en un 'testigo clave' para el juez Manuel García Castellón por aportar cierta documentación que implica directamente al presidente de esta compañía, José Ignacio Sánchez Galán, imputado por contratar los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso La Información, el magistrado Marcos Bermúdez Ávila considera que Del Olmo obtuvo de manera "ilícita" y "sin consentimiento" las facturas que documentaban los pagos de Iberdrola a proveedores de seguridad y miembros de la administración, es decir, "contenían secretos empresariales." En este sentido, destaca que el exjefe de Control Corporativo no estaba autorizado para sacar dichos documentos de las oficinas de la empresa para la que trabajaba, ni depositarlas ante notario, ni tampoco para filtrarlas a un medio de comunicación.
Iberdrola demandó el pasado 31 de mayo a Del Olmo por haber hecho uso de su "posición laboral" e incumplir "la normativa interna y la legislación" para realizar, antes de diciembre de 2004, "copias no autorizadas" de numerosos documentos que estaban en su poder, tales como los pagos a proveedores de seguridad y sobre dietas y retribuciones de los miembros del consejo consultivo de Andalucía. El equipo jurídico de la compañía afirmó que tuvo conocimiento de ello tras la comparecencia del que fuera su empleado como testigo en el marco de la pieza 17 del 'caso Tándem' -y que salió como imputado-, así como por publicaciones en prensa. De hecho, el exjefe de Funciones Corporativas aportó dichas facturas al juez instructor de la Audiencia Nacional para demostrar la existencia de irregularidades en la forma de costear los servicios requeridos a distintas empresas, entre ellas, el Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo.
Por su parte, Del Olmo se defendió de estas acusaciones asegurando que nunca ha tenido el ánimo de perjudicar a Iberdrola, sino que simplemente se ha limitado a cumplir con la Justicia. En este sentido, negó haber filtrado dicha documentación a algún medio de comunicación. A todo ello, alegó una cuestión de prejudicialidad penal al advertir de que él también estaba siendo investigado en el 'caso Tándem' por la querella que Iberdrola presentó contra él por el delito de falsedad documental, en relación a la elaboración de un informe en el que acusó a Sánchez Galán y a su cúpula directiva de estar al tanto de los pagos fuera del circuito legal a Villarejo. Cabe recordar que el magistrado García Castellón archivó a principios del pasado mes de julio dichas actuaciones.
Sin embargo, el juez de lo mercantil no acepta esta última alegación, cuyo objetivo era frenar este procedimiento. Entiende que la investigación por la vía penal en la Audiencia Nacional no "impide el enjuiciamiento" de la sustracción de facturas en un "pleito civil", ya que se tratan hechos de "distinta naturaleza".
Sin consentimiento
Con todo ello, prosigue señalando que Del Olmo habría cometido un delito de violación de los secretos empresariales, ya que no se puede discutir que las facturas eran confidenciales. Además, el propio exdirectivo de Iberdrola admitió haber hecho copia de las mismas, que las conservó en su despacho, las depositó ante notario, cuando todavía era el 'controller' de la empresa, y que las sacó dos años después tras su jubilación. "Todo ello sin el consentimiento del titular del secreto, que era la empresa (no él)", reza la resolución.
Además, el juez considera que Del Olmo también es responsable de la "revelación ilícita" de dichos documentos. Explica que "es cierto" que no hay prueba directa de que el demandado filtrara las facturas a un medio de comunicación, pues "consta acreditado que no era el único que tenía acceso" a las mismas. Pero el hecho de que haya obtenido las copias sin autorización lleva a concluir que fue él quien se las entregó a la prensa. Apostilla la sentencia que en un procedimiento civil no se rige la presunción de inocencia, sino por "las reglas de la carga de la prueba", que en este caso no es favorable para el ex 'controller' de Iberdrola.
Así las cosas, el juez obliga a Del Olmo a que devuelva la totalidad de los documentos sustraídos ilícitamente y le prohíbe realizar nuevos actos similares a los enjuiciados. Además, deberá publicar esta sentencia "con al menos la misma difusión pública que tuvo la revelación ilícita objeto de la presente demandada" y abonar las costas de este procedimiento.
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