Los tribunales vuelven a apretar a las instituciones para asegurar la protección de los funcionarios. El Juzgado de los Social número 13 de Madrid ha acordado estimar parcialmente la medida cautelar demandada por el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, y da 24 horas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que provean de forma inmediata los funcionarios de las Oficinas Fiscales de mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas -si se pudiera-, mientras dure la pandemia por Covid-19.
En el auto se explicita que se deberá proveer de estos equipos de protección siempre que deban realizar funciones presenciales en los juzgados. El dictamen de medidas cautelares llega después de que este mismo miércoles la abogada Verónica Suárez García, de SF Compliance, interpusiera una demanda "por vulneración de derechos fundamentales" y solicitara "medida cautelarísima inaudita parte".
Este mismo jueves, la APIF ha comunicado la muerte de la fiscal antidroga Cristina Toro Ariza, de 59 años, que ha fallecido esta semana a causa del coronavirus: "Ha fallecido, en este horror de epidemia, la fiscal Cristina Toro. La pena que nos embarga por esta noticia es inmensa. Nuestro mas sentido pésame a su marido e hijos".
Ha fallecido, en este horror de epidemia, la fiscal Cristina Toro. La pena que nos embarga por esta noticia es inmensa. Nuestro mas sentido pésame a su marido e hijos
— APIF (@APIFiscales) March 26, 2020
En los fundamentos jurídicos del auto, se hace mención de lo dictaminado por el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid, desde donde ya la semana pasada se dio 24 horas al Ministerio de Justicia para que protegiera debidamente a los Letrados de la Administración de Justicia.
La magistrada apunta que los órganos jurisdiccionales del orden social, conocerán "de las cuestiones litigiosas que se promuevan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral".
Además, incide en que el contenido de la demanda por vulneración de derechos fundamentales denuncia "un concreto acto" que es la respuesta de la FGE a la solicitud efectuada para que se dotara de los medios técnicos suficientes para proteger a los fiscales y funcionarios adscritos a las Oficinas Fiscales frente al COVID-19.
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