Datos privados y redes sociales

Un tercio de los españoles dejaría que le espíen a cambio de tarifas más baratas

En pleno estudio de geolocalización para comprobar la movilidad en la epidemia del coronavirus, el control del uso del móvil y la actividad en internet no serían un problema.

Cesión de datos, geolocalización y facilidad en los pagos, peligros que acechan a los menores con Pokémon Go
Un tercio de los españoles dejaría que le espíen a cambio de tarifas más baratas.
EUROPA PRESS

Desde que a principios de abril el Gobierno diese luz verde a un macroestudio de movilidad para analizar el riesgo de expansión del coronavirus, buena parte de los españoles han mostrado su rechazo frontal a cualquier tipo de intrusismo en su privacidad. En aquel momento, incluso se viralizó un bulo (ya desmentido) que alertaba de que las autoridades habían aprobado por decreto el 'espionaje' masivo "a todos los ciudadanos" a través de la geolocalización obligatoria. Ahora, cuando nos encontramos a dos o tres fases de la denominada 'nueva normalidad', un estudio pone patas arriba las teorías de la conspiración del español medio, que no solo no está tan en contra del control en aras de la salud pública, sino que hasta un 34% estaría dispuesto a ser 'espiado' por el Gobierno... si le rebajan la tarifa o le hacen un descuento en algún servicio de internet.

Es una de las conclusiones del último informe de Kaspersky, bajo el título de 'Social credits and security: embracing the world of ratings', que revela la percepción colectiva en todo el globo sobre cuestiones de privacidad. En él, se destaca que "los usuarios están dispuestos a compartir sus datos privados y están de acuerdo en que el Gobierno supervise su actividad en internet por razones de seguridad": si en España un 34% de los consumidores así lo manifiesta, la media en todo el globo se dispara hasta el 51%. En esta línea, el informe también señala que "más del 35% de los encuestados españoles compartiría datos privados sensibles para asegurarse mejores tarifas y descuentos o para recibir servicios especiales (27%)".

Algo especialmente relevante, teniendo en cuenta que numerosos expertos señalan que la lucha contra el coronavirus pasa, a partir de esta fase de desescalada, por el control de la movilidad. Por eso, lo que sí aprobó el Gobierno en abril fue el 'DataCOVID-19' un estudio de la movilidad aplicada a la crisis sanitaria que pretende contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. Para ello, utiliza datos "agregados y anonimizados", tal y como se especifica el BOE, proporcionados por algunos de los principales operadores móviles (Telefónica, Vodafone y Orange).

En este sentido, las cuestiones de seguridad son especialmente importantes para los consumidores. Por eso, además, "más de un tercio (34%) de los encuestados españoles dice estar conforme con que el gobierno supervise la actividad de las redes sociales para mantener a los ciudadanos seguros". Se trata de un porcentaje 15 puntos por debajo de la media mundial, que evidencia la desconfianza que aún persiste en algunos ciudadanos a raíz de ciertos bulos que circularon en las primeras semanas de la crisis, como el de que el Gobierno controla, censura y limita los reenvíos en plataformas sociales como Whatsapp, también desmentido entonces.

La polémica de la recolección de datos

A raíz del estudio, Marco Preuss, director del Equipo de Investigación y Análisis Mundial de Kaspersky en Europa, explica la disyuntiva a la que se enfrentan las sociedades occidentales en cuanto a la privacidad de sus ciudadanos: "Por un lado, la tecnología y los datos permiten mejorar los servicios que prestan a las personas para hacer más fácil nuestra vida. Pero, por otro, no está muy claro cuánto acceso pueden solicitar [los Gobiernos] sobre la información y vida personal y, lo que es más importante, cómo lo manejarán. Esto es especialmente importante durante las situaciones de confinamiento global, cuando los usuarios no tienen otra opción que confiar en los servicios online".

En el caso de España, el macroestudio que aprobó el Gobierno en abril no cuenta con la autorización expresa de quienes ceden sus datos de geolocalización a través de su operador de telefonía, lo cual generó en su día cierta controversia. Si bien los datos son completamente anónimos, "el estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España".

El Gobierno arguyó entonces que gracias al estudio, presente hasta que termine el confinamiento colectivo, "se podrá conocer si tras la entrada en vigor de las medidas de distanciamiento social aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia o si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria". Lo que no puede hacer el Gobierno es utilizar un dato concreto (desagregado) para, por ejemplo, imponer una multa a una persona que cambia de provincia antes de la 'nueva normalidad'.

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