Turno para la coordinadora general de la Alcaldía de Madrid en el 'caso Mascarillas'. Matilde García Duarte ha reconocido este viernes ante el juez Adolfo Carretero que habló por teléfono con Luis Medina, uno de los comisionistas investigados por el presunto 'pelotazo' millonario en la compraventa de mascarillas durante la primera ola de la pandemia, para ver qué tipo de productos ofrecía, si bien ha negado cualquier tipo de trato de favor para adjudicarle la operación, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración. No se trataría de una llamada exclusiva, pues según ha explicado, lo hizo como hizo con cualquier proveedor que trató vender material en uno de los momentos más duros de la pandemia.
Durante su comparecencia como testigo, la alto cargo del Ayuntamiento también ha confirmado que fue ella quien facilitó una dirección de correo electrónico genérico a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, para que los comisionistas se pudieran poner en contacto con el consistorio. No obstante, ha precisado que no informó de esta gestión a José Luis Martínez-Almeida al considerar que era algo intrascendente. Cabe recordar que el familiar del dirigente 'popular' testificó ante el juez el pasado 12 de mayo y reconoció que contactó con García Duarte para preguntar la vía que debía utilizar Medina para poder ofrecer sus servicios de compraventa de material sanitario. Todo ello después de que una "amiga en común" le hiciera llegar el interés que tenía en este sentido el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal.
En este sentido, García Duarte ha explicado que tiene amistad con el primo de Almeida desde hace 15 años, pero que no comentó con el alcalde la llamada que hizo su familiar al considerar que no tenía mayor importancia, pues en esas fechas en las que llegaban a "morir más de 500 personas al día", el máximo responsable de la Alcaldía de la capital estaba atento a asuntos "mucho más trascendentes" que "a quien pasaba ella el correo electrónico de coordinación", ha manifestado ante el juez, según las fuentes jurídicas consultadas.
Con todo ello, la coordinadora ha precisado que su función durante los primeros meses de la pandemia era coordinar las donaciones de material para la prevención de la Covid-19 y que por ello habló con cualquier persona que pudiera facilitar este tipo de productos. Asimismo, ha indicado que en esos días se estableció un protocolo que consistía en derivar todas las ofertas que no fueran donaciones a los responsables de Compras. Fue por este motivo por el que la oferta del aristócrata, al que ha negado conocer personalmente y conocer su posición familiar, se remitió "automáticamente" a esa área, y por el que no intervino de ningún modo.
"Estábamos desesperados"
La oferta de Medina finalmente cayó en manos coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio, Elena Collado, quien trató todos los pormenores de los tres contratos que se firmaron por el valor de 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) con Alberto Luceño. Sobre este punto, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, García Duarte no ha podido detallar quién le dio competencias como responsable de Compras a Collado cuando inicialmente no las tenía, pero sí ha precisado que se hizo así para agilizar las gestiones para conseguir material. "Estábamos desesperados por conseguir mascarillas", ha subrayado durante su declaración. Y fue por ello, ha proseguido, por lo que habló con Medina para ver si también iba a hacer una donación.
Durante la declaración, la coordinadora general del Ayuntamiento ha aportado al juez que instruye esta causa un correo electrónico que Collado le habría enviado. En él, según ha señalado la abogada de Más Madrid, Nuria Zapico, que ejerce una de las acusaciones populares en esta causa, la responsable municipal de la compra de mascarillas informa a García Duarte de que Luceño y Medina "renunciaban" a las comisiones que podían ir aparejadas a la operación de compraventa de productos sanitarios que se cerró en marzo de 2020. Añadía el texto, según la letrada, que estaban "reportando todo el material que les hacía falta" y que habría que "darles una medalla".
El juez Adolfo Carretero abrió una investigación el pasado mes de abril tras admitir la querella de la Fiscalía Anticorrupción dirigida contra Medina y Luceño por presuntamente haber estafado al Ayuntamiento de Madrid en la operación de compraventa. Según indica el Ministerio Fiscal, los dos empresarios se habrían hecho pasar por "agentes exclusivos" de una empresa de Malasia que vendió las mascarillas, guantes de nitrilo y test rápidos. De este modo, los dos intermediarios habrían ocultado en los precios de los productos los verdaderos beneficios netos que obtuvieron de esta operación. En total seis millones de dólares en comisiones que después invirtieron en un piso, coches de alta gama, relojes y un yate.
Ambos investigados han defendido la legalidad de su actuación ante el juez. También ante el fiscal Anticorrupción que les interrogó antes de que la causa se judicializara. Luceño se mostró orgulloso del trabajo hecho y afirmó que la empresa de Malasia con la que realizó todo el negocio "fueron los más rápidos y se sirvió la mercancía en una semana". De este modo justificó la petición que hizo al Ayuntamiento de que le otorgaran algún tipo de reconocimiento. Según consta en los mensajes de WhatsApp que obran en el sumario de la causa, el empresario envió un audio a Collado en el que le comentó en tono jocoso: "Ahora sí que me debes una medallita, una medallita civil me vendría bien".
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