Las denuncias y querellas de los independentistas por los espionajes a través de Pegasus están repartidas por varios tribunales, incluso esparcidas por varios países. Una de ellas fue interpuesta en los juzgados de Madrid por Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que directamente se ha dirigido contra NSO Group, la empresa israelí creadora del 'software' informático. El decanato de los juzgados de situados en la madrileña Plaza de Castilla ya ha repartido esta iniciativa judicial, recayendo finalmente en el Juzgado de Instrucción número 29, dirigido por la magistrada Cristina Díaz Márquez. Una magistrada que ha desarrollado su carrera profesional entre la justicia y puestos técnicos en el ámbito político, entre los que destaca la Dirección General de Política Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, la magistrada ha recibido la querella que Boye presentó el pasado 3 de mayo por los 18 ataques con Pegasus que recibió, según el informe de The Citizen Lab, entre enero y mayo de 2020 y el 30 de octubre de ese mismo año, "a través de mensajes SMS que contenían un enlace 'malicioso' ('malware') , disfrazado de notificaciones de Twitter". Por el momento, la magistrada no ha tomado ninguna decisión sobre si admite a trámite esta denuncia o la rechaza de plano, por lo que se espera que en los próximos días pregunte a la Fiscalía si debe abrir una investigación y practicar todas las pruebas que solicita el denunciante para averiguar quien estaría detrás del presunto espionaje.
Según explica la querella, las fechas en la que se produjeron los sucesivos ataques a los dispositivos móviles de Boye "no resultan casuales". Con respecto al último ataque, recalca que "tan solo 48 horas antes" tuvo lugar la detención de uno de sus clientes, Josep Lluís Alay, uno de los colaboradores más cercanos a Puigdemont, en el marco del 'caso Vóljov', que investiga la relación de altos cargos independentistas y representantes del Gobierno de Vladimir Putin. En cuanto a las otras infecciones, el abogado destaca que mantuvo diversas videoconferencias, debido a las restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia, con líderes independentistas y sus abogados. A todo ello añade que el 28 de mayo de ese mismo año tuvo lugar en Francia la audiencia de extradición del exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, a quien también defiende, por lo que en fechas previas y posteriores mantuvo importantes reuniones con colegas franceses para determinar la estrategia de defensa a seguir.
Asesora de Justicia
Estos hechos deberán ser analizados por la juez Cristina Díaz, exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid, y que ha ocupado varios puestos políticos bajo gobiernos 'populares'. Según se puede comprobar en su currículum, publicado por el Ministerio del Interior, inició su andadura como juez en marzo de 2001, logrando casi dos años más tarde el ascenso a la categoría de magistrada. No obstante, en septiembre de 2003, dejó aparcada la carrera judicial durante unos meses para colaborar con el Ministerio de Justicia de José María Michavila en los estudios para la Modernización de la Administración de Justicia que desarrollaba la Secretaría de Estado de Justicia, que entonces dirigía el también exministro de esta cartera Rafael Catalá. En 2004 desempeño funciones de magistrado-asesora de dicho departamento.
Tras el cambio de Gobierno en ese mismo año, Díaz volvió a ponerse la toga hasta que el 14 de febrero de 2012 fue elegida por el Gobierno de Mariano Rajoy para formar parte del equipo del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz -procesado en la Audiencia Nacional por la 'operación Kitchen'- como directora general de Política Interior. Un cargo que ocupó hasta el 29 de julio de 2015, cuando fue nombrada directora general de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Cristina Cifuentes, con la que, años después, reconoció tener una "relación de amistad y cariño mutuo", con motivo de una resolución judicial. Ahí se mantuvo hasta el 4 de febrero de 2017, fecha en la que fue 'restituida' en el puesto que había ocupado anteriormente en el Ministerio del Interior, pero en ese momento con el ministro Juan Ignacio Zoido, con quien trabajó más de un año. Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en octubre de 2018 fue cesada de este último cargo por el actual ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska.
El documento público sobre la trayectoria profesional de Díaz incluye que también ha sido profesora de la Policía Municipal de Madrid, que en junio de 2013 le otorgó la Cruz al Mérito de la Policía Municipal de Madrid. Asimismo, subraya que en la Comunidad de Madrid se encargó de la "la gestión del personal, infraestructuras y medios materiales de la Administración de Justicia", al tiempo que ha ejercido funciones relacionadas con "la coordinación de Policías Locales, la Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales y las relativas a la vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas, así como de sus autoridades". En cuanto a las competencias ejercidas en el ámbito de Política Interior, el Ministerio destaca "las referidas a espectáculos públicos, incluidos los taurinos, y las actividades recreativas, asociaciones y fundaciones, colegios profesionales así como las relacionadas con la atención a las víctimas del terrorismo".
Imputación de Tezanos
Entre los casos judiciales más destacados que Cristina Díaz ha tenido entre manos, se encuentra la imputación del presidente del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, al admitir a trámite una querella de Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El responsable de las encuestas de opinión pública nunca llegó a declarar como investigado, aunque sí estuvo citado, ya que la Audiencia Provincial de Madrid archivó directamente las pesquisas al entender que nunca se tenía que haber abierto una investigación al respecto porque los hechos denunciados por el partido de Santiago Abascal no eran constitutivos de delito.
Otra de las causas que ha analizado la titular del Juzgado de Instrucción número 29 ha sido la relacionada con la querella que la familia del dictador Francisco Franco interpuso contra la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por su presencia e intervención durante el acto en el que se realizó el inventariado de los bienes del Pazo de Meirás. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado mes de febrero archivar este procedimiento, que se inició en abril del año pasado, al coincidir con la Abogacía del Estado y la Fiscalía en que la actuación de la representante de Patrimonio fue totalmente legal y que la querella se basa en "conjeturas difusas" que no tienen cabida en el ámbito penal.
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