A estas alturas de siglo, tener que empezar a discutir si España es una democracia o sufre de anormalidades congénitas es cuando menos sorprendente. Más aun si quien pone encima de la mesa el debate es un vicepresidente del Gobierno que ha sido elegido en democracia por un Parlamento legítimamente constituido y en cuyos designios reside la soberanía popular.
El debate presenta un vicio de origen, que no es otro que la confusión entre democracia y política. Que España es una democracia, es una obviedad. Que en España hay anormalidad política, que nadie lo dude. Para llegar a esta conclusión es necesario dejar meridianamente claras las premisas que nos van a llevar a un viaje en el que tan importante es el ser como el parecer ser.
España es una democracia plena. Sí, lo dice la Unidad de Inteligencia del prestigioso 'The Economist', la Biblia para los inversores internacionales. Aquellos que miran con lupa la calificación anual que hace la revista a más de 200 países del mundo. En este ranking España entra dentro de la categoría de ‘democracia plena’. Es un hecho objetivo y cualitativamente evaluable. No es una calificación cualquiera. Estar dentro de este club, al que no pertenecen países con mayor tradición democrática como Estados Unidos o Francia, implica “no sólo el pleno respeto de las libertades políticas y civiles, sino la existencia de una cultura política que favorece el discurrir de la propia democracia”.
No debemos atender únicamente a lo que diga o haga 'The Economist'. La Freedom House, quizá la institución mundial más importante en el estudio de la democracia y los derechos políticos y civiles, califica a España como un país “libre” en el que la democracia impera y está muy alejada del ranking de países democráticos con mayor deterioro de la misma en los últimos 10 años, como Venezuela. Y todo en un año 2020 que, como el mismo informe refleja, ha sido testigo del “deterioro de democracias consolidadas”, como India o Estados Unidos y en la que ni siquiera figuran China o Rusia. Un aspecto coincidente con la clasificación de 'The Economist'.
Una vez analizado qué dicen de nosotros es indispensable saber cómo somos realmente. España se define como un Estado social, democrático y de Derecho. En cada una de esas palabras se configura nuestra razón de ser en los últimos 40 años. Centrémonos en el concepto democrático, como hace a la perfección los comentarios a la Constitución del Congreso de los Diputados, al que también pertenece el titular de la vicepresidencia tercera del Gobierno. Un Estado democrático es aquel en el que se garantiza el principio de igualdad, especialmente en lo relacionado con la participación política y el consecuente reconocimiento de los derechos políticos a todos los ciudadanos, con independencia de su condición social, económica, de género o cualquier otra.
Pero para ser un Estado democrático no basta con eso. Es imprescindible garantizar que las mayorías no puedan imponer su voluntad omnímoda a las minorías. Para eso deben garantizar la alternancia en el poder (nuestro país es líder mundial en convocatorias electorales en los últimos cuatro años) y el libre acceso a los tribunales en caso de que cualquier ciudadano considere que sus derechos se han visto vulnerados.
La cobertura jurídica, directamente invocable ante los tribunales, la ofrecen los artículos 14, 23, 68, 69, 92, 140, 151 y siguientes de la Constitución española, insisto, con eficacia jurídica directa en caso de que cualquier ciudadano los vea vulnerados.
Además, la Carta Magna garantiza todas las formas de participación política ciudadana, a través de partidos políticos (art. 6), sindicatos (art. 7), organizaciones empresariales, asociaciones (art. 22), fundaciones (art. 34), colegios y organizaciones profesionales (arts. 36 y 52), organizaciones de consumidores y usuarios (art. 51), etc.”
La prueba palpable de que el sistema funciona y que la democracia en España es plena es el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales. A esta jurisdicción también pueden acudir los particulares que, aun habiendo recibido Justicia en los tribunales de nuestro país, pueden acogerse a su protección judicial. Sus efectos no son meramente interpretativos. Tras la reforma del artículo 954.3 del Código Penal, se permite la revisión de una resolución judicial firme española cuando Estrasburgo sentencie que se ha producido una vulneración de cualquier derecho reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España es Parte.
Sí, España es una democracia normal y plena. Algo que no podemos afirmar de la política, o más bien de nuestra política, que esa sí que es completamente anormal. Si ya es difícil de entender el cuestionamiento democrático del Ejecutivo por parte del propio Ejecutivo, más complicado aun es comprender los continuos desafíos al Estado social, democrático y de Derecho en los últimos años.
El informe de la Freedom House señala precisamente este aspecto, cuando alude a la pérdida del terreno por parte de los partidos centristas españoles frente a facciones más extremas, que, “a menudo persiguen sus intereses particulares a expensas de las normas e instituciones democráticas”. Fin de la cita.
Es también una anormalidad política el pulso al Estado democrático que vivió España en 2017 y que llega hasta nuestros días por la aplicación e Imperio de la Ley (otro de los requisitos del Estado democrático) cuando un grupo de políticos, se podría discutir si democráticos o no, decidieron jugar a soberanos infringiendo todos y cada uno de los preceptos constitucionales. La democracia habló, juzgó y los condenó por ello. La Freedom House también pone de manifiesto este delito u obstáculo contra la democracia, debido al “surgimiento de grupos más pequeños y radicales, surgidos en respuesta a los partidos de izquierda de Cataluña que han impulsado la independencia de la región desafiando la ley”.
Es cierto que hay una tenue línea de separación entre democracia y política. Mientras que la primera es un valor pleno: hay o no hay, la segunda extiende sus efectos independientemente del estado en el que se encuentre un país. Lo único anormal que existe y podemos comprobar cada día en nuestro país es la política. Esa actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, con independencia de su menor o mayor conocimiento de los fundamentos de la democracia.
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