Los 25.000 euros en taxis que pagó el ex director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para visitar su ciudad, Salamanca, y que provocaron su dimisión la pasada semana, no son el único gasto cuestionado de ese organismo. Esa fundación dependiente del Ministerio de Economía desembolsó el pasado mayo 35.700 euros para litigar por unas subvenciones del Ministerio de Educación. Para ello, según fuentes cercanas a la fundación, se contrató a un abogado próximo a la gerente de ese organismo. FECYT se defiende asegurando que ese letrado estaba en su nómina de asesores legales en 2002, cuando la gerente aún no se encontraba en su plantilla.
El motivo de esos gastos en asesoría legal es la exigencia por parte del Ministerio de Educación a FECYT de la devolución de cuatro subvenciones por importe total de 1,2 millones de euros en 2016. Las reclamaciones del Ministerio se acordaron en cuatro resoluciones con números de expediente consecutivos (786/2016, 787/2016, 788/2016 y 789/2016), según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este medio.
La fundación tecnológica dependiente de Economía no estuvo de acuerdo con esas decisiones de Educación, por lo que decidió impugnarlas. El gasto público previsto para defender legalmente los recursos ante el Ministerio y en los tribunales ascendió a 35.700 euros. FECYT encargó esos trabajos mediante adjudicación directa al abogado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario Alejandro Blázquez Lidoy, excompañero de facultad de la gerente de ese organismo, Beatriz Alonso de la Vega.
Dudas sobre la contratación
Fuentes cercanas a FECYT aseguran que ese encargo superaba ampliamente el límite de 18.000 euros que establece la Ley de Contratos del Sector Público para convocar un concurso público con publicidad y abierto a múltiples ofertas.
Según la documentación a la que ha tenido acceso lainformacion.com, FECYT firmó dos contratos con Blázquez Lidoy, uno el 30 de octubre de 2016 y el otro el 11 de enero de 2017, pese a que las resoluciones de Educación tenían números de expediente consecutivos. Ambos contratos tenían un importe cercano a los 18.000 euros. El del primero, cuyo objeto era recurrir las dos primeras resoluciones de Educación, era de 17.800 euros, mientras que el segundo (para recurrir las dos restantes) ascendió a 17.900. Las facturas giradas por Blázquez Lidoy a la fundación los pasados 3 y 7 de mayo, fueron pagadas conjuntamente el 27 de junio.
Una portavoz de FECYT niega que se produjera fraccionamiento de contratos para evitar la convocatoria de un concurso público. Asegura que las resoluciones de Educación, a pesar de tener números consecutivos, llegaron en fechas distintas -el 23 de septiembre las dos primeras y el 18 de octubre las dos segundas- por lo que tuvieron que hacer dos contratos a Blázquez Lidoy en lugar de uno. Sin embargo, los dos contratos firmados por FECYT con el abogado, a los que ha tenido acceso este periódico, son posteriores a la segunda de las fechas a las que se refiere la fundación (30 de octubre de 2016 y 11 de enero de 2017). Desde FECYT sostienen, además, que las resoluciones de Educación fueron firmadas por distintos responsables del Ministerio.
Esa misma portavoz señala que "FECYT no podía prever que iba a recibir un segundo requerimiento [de Educación], pues entraba dentro de lo posible que con la primera interposición se solucionara el contencioso". A lo que añade: "El propio Ministerio de Educación nos transmitió que a través del recurso de reposición que había interpuesto FECYT frente a los dos primeros expedientes se podrían atender todas las alegaciones de FECYT, aunque finalmente no fue así".
La relación entre Alonso y Blázquez
En la fundación tampoco niegan la relación personal de Alejandro Blázquez Lidoy y la gerente, Beatriz Alonso de la Vega, pero aseguran que Blázquez comenzó a colaborar con la fundación en 2002, cuando su compañera de carrera "ni siquiera era empleada de FECYT".
FECYT, creada en 2001 por el Gobierno de José María Aznar, tiene como misión "impulsar la ciencia, la tecnología e innovación, promover su integración y acercamiento a la sociedad y dar respuesta a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa". La presidenta de su patronato es la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela Olmo.
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