Una juez imputa a la mujer de Ignacio González, que rechaza las acusaciones

Madrid, 18 dic.- La juez de instrucción del juzgado número 5 de Estepona (Málaga) ha imputado por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales a Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha mostrado "estupor" ante un auto "plagado de presunciones".

Conocida la imputación de la esposa de Ignacio González por la compra de un ático propiedad del matrimonio en Estepona, desde la oposición regional, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha reclamado la dimisión "inminente" de González al frente del Ejecutivo regional y ha dicho que, si no lo hace, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, está "obligado" a pedirle el cargo.

La magistrada de Estepona ha cursado la causa a la Audiencia Nacional para que sea esta la que prosiga las investigaciones, al sospechar que se podría haber cometido un delito de fraude a través de una sociedad radicada fuera de España.

Los hechos se producen por la intervención en la operación del empresario mexicano Rudy Valner, también imputado, quien compró el ático en Estepona en nombre de la empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware.

Valner ostentó la propiedad del inmueble desde 2008 a 2012, año en que Ignacio González adquirió el ático tras saberse que un Juzgado de Estepona había pedido información fiscal sobre el inmueble.

El auto judicial que se ha conocido ahora señala que la imputación de Cavero se produce "con independencia de que se produzca o no" la de Ignacio González, "que pudiera encontrarse aforado por el hecho de ostentar la condición de presidente de la Comunidad de Madrid", según se señala.

En su primer acto público tras conocerse la noticia, el presidente madrileño ha expresado su "sorpresa y estupor" por el auto judicial, al entender que carece de pruebas y está "plagado de presunciones" que no acreditan ningún delito.

González ha criticado que esta resolución la haya dictado "una jueza que se autocalifica de incompetente en este caso" y que lo haga "sin acreditar absolutamente nada, ni ningún delito concreto" en el que se impute a nadie.

El jefe del Ejecutivo regional ha confesado que se siente víctima de "un juicio mediático" y ha expresado su deseo de que la Justicia "llegue hasta el fondo", actúe "con celeridad" y "archive" este caso en el que, ha afirmado, "no hay nada".

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha reclamado la dimisión "inminente" de González al frente del Ejecutivo regional y ha dicho que los hechos que se imputan a Cavero son "tan graves" que dejan al presidente y a su gobierno en una situación "insostenible" para él y para la institución.

Lo mismo ha opinado el senador del PSOE por Madrid, Enrique Cascallana, quien ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior de por qué se "acusó" a la Policía cuando ésta intentaba demostrar que el ático es propiedad de González a través de sociedades interpuestas.

En los grupos parlamentarios del PSM y de UPyD han calificado los hechos de "extrema gravedad" y han registrado una petición de comparecencia del presidente de la Comunidad en la Asamblea de Madrid, que también apoyará IU.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha pedido celeridad a los tribunales y que, si tienen que hacer una imputación, que no es sinónimo de culpabilidad, lo hagan pronto para que el presidente "se pueda defender".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el líder de IU, Cayo Lara, ha considerado que González debería dimitir en el caso de que su esposa vaya finalmente a juicio, lo mismo que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien ha dicho que el presidente regional debería dejar su cargo para defenderse "desde fuera" y "no perjudicar a la institución".

Para la Confederación Empresarial de Madrid (CIEM) -donde Cavero ocupa los cargos de vicepresidenta y adjunta al presidente, Arturo Fernández- se trata de una cuestión "particular" de la esposa de González que "no concierne" a la patronal madrileña, mientras que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha exigido "celeridad" a la justicia para que se resuelva definitivamente "un caso del que se habla desde hace tiempo".