Unidas Podemos no se rinde. La confluencia que forma parte del Gobierno de coalición tiene claro que quiere investigar las supuestas irregularidades fiscales cometidas por el Rey emérito. Por lo que ha vuelto a insistir en hacerlo a través de una nueva comisión que fiscalice las actividades del pasado de Juan Carlos I, la cual ya ha registrado en el Congreso, según ha podido saber La Información de fuentes del partido morado. Un movimiento con el que el grupo parlamentario que lidera Pablo Echenique ahora busca indagar en las supuestas tarjetas opacas que el monarca habría utilizado y regalado a sus familiares, las cuales contaban con fondos que le transfirió un empresario mexicano.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el uso de estos plásticos que supuestamente escapaban al control de la Agencia Tributaria tuvo lugar entre 2016 y 2018. Es decir, todo habría comenzado dos años después de su abdicación en octubre de 2014. Por lo que UP considera que, en este caso, al monarca "no se le puede aplicar la inviolabilidad contenida en el artículo 56.3 de la Constitución española", señalan las fuentes consultadas. Un argumento que los morados consideran suficiente para esquivar los informes desfavorables que han elaborado hasta ahora los letrados de la cámara baja, que consideran que a Juan Carlos I no se le puede investigar en el Congreso porque ni la Constitución ni las sentencias del Tribunal Constitucional lo permiten.
Para intentar que su petición prospere en esta ocasión, Unidas Podemos ha preferido centrarse en esas denuncias concretas. En el camino vuelven a acompañarle los socios con los que se alía cuando opta por desmarcarse del PSOE en ciertos asuntos, como es el del Rey emérito. ERC, EH Bildu, Más País Compromís, CUP y BNG también firman el texto que ya está a disposición del registro de la cámara. Aunque los precedentes apuntan a que la Mesa del Congreso, que será quien decida sobre la viabilidad de la comisión, finalmente optará por rechazarla con los votos los socialistas, el PP y Vox. Para ello, volverán a contar con el informe correspondiente de los Servicios Jurídicos.
Los argumentos para la fiscalización
Como destaca el texto, la reclamación para investigar las actividades de Juan Carlos I llega tras el anuncio de sus abogados de que regularizó con Hacienda casi 700.000 euros a través de una declaración voluntaria presentada a la Agencia Tributaria. Según los morados y sus socios, "esta regularización fiscal supondría la admisión de al menos una parte del fraude investigado", que además podría llegar a ser "un delito fiscal". "Esta maniobra tendría por objetivo evitar que prospere una investigación penal por los delitos fiscales presuntamente cometidos por el Rey emérito en los años 2016, 2017 y 2018, es decir, con posterioridad a su abdicación", aseguran UP y sus aliados.
Para intentar evitar las trabas que le pondrán los partidos que previsiblemente rechazarán la comisión, UP alega que las sospechas sobre el anterior monarca "es una cuestión de interés público" dado que implica a una persona con una destacada relevancia pública. Algo que, como recuerdan, ya ocurrió en otros asuntos de especial trascendencia, como el accidente del tren Alvia de Santiago o el accidente del vuelo de Spanair en 2008. Lo que, a su juicio, "justifica una investigación parlamentaria como la que aquí se plantea". Algo que no solo afectaría a las supuestas tarjetas opacas, sino también a la regularización de los 678.393 euros, debido a que "implicaría la aceptación de muchas de las irregularidades que se le atribuían".
Los objetivos de la comisión serían investigar si tanto Juan Carlos I como Sofía de Grecia "habrían usado entre los años 2016 y 2018 tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero" y si mediante estas "se habrían pagado abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la familia real". También quieren conocer si las medidas adoptadas para la prevención y detección de blanqueo de capitales "son eficaces". Y si resulta que no, plantearán posibles reformas o "aumentar las actuaciones administrativas". Una investigación amplia de la que dejan fuera tanto a Felipe VI como a su familia directa, la Reina, la Princesa de Asturias y la infanta, ya que Anticorrupción ha dejado claro que no hay sospechas de que hayan usado esos plásticos opacos.
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