La magistrada el frente del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha admitido la personación en el procedimiento de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. La asociación había solicitado figurar como acusación popular en la causa que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, cometió delito de prevaricación autorizando las marchas de la capital hasta el 14 de marzo. Ahora, la instructora da luz verde a esta petición y les recuerda que tienen que depositar una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación popular.
Así lo ha hecho constar la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en una providencia de este miércoles a la que ha tenido acceso La Información y en la que desestima, no obstante, la solicitud de otras muchas asociaciones y sindicatos de figurar también en este caso. La decisión de la instructora se conoce apenas un día después de hacerse pública la carta de destitución que firmó la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, sobre el coronel Diego Pérez de los Cobos. En la misma admitió que su cese se produjo ante su negativa de "informar del desarrollo" de esta investigación, a cuyo frente se encuentran dos subordinados suyos.
La crisis desatada en el departamento de Fernando Grande-Marlaska, no impide a la magistrada instructora continuar con las diligencias de este procedimiento penal abierto el pasado mes de marzo. Por ese motivo, ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado de suspender la citación de José Manuel Franco, fijada para el próximo 1o de junio. Según razona en la providencia en cuestión, no debe esperarse a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos de apelación pendientes de resolución. Es por ello que mantiene para ese día la citación del delegado del Gobierno y de varios testigos más,después de que ya la retrasara cinco días a petición de los servicios jurídicos del Gobierno.
Así pues, el día 1o interrogará a Franco y ya por la tarde escuchará en calidad de testigos a Fernando Talavera Esteso (secretario general de dicha Delegación); Luis María Sanz (jefe del gabinete) y José Luis Correa (director de la Unidad de Seguridad Ciudadana). Un día después, están citados también a declarar una decena de personas entre las que se encuentran empleados de la Delegación del Gobierno así como convocantes de marchas. Estos llamamientos se acuerdan después de que la Policía Judicial apuntara en su informe que empleados de la Delegación llamaron a los responsables de las marchas para pedirles que las anularan de manera voluntaria sin que esta petición figurara en el expediente de las mismas.
No se actúa contra Simón
La instructora vuelve a denegar en esta providencia la petición de imputar al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y recuerda, como ya hiciera el pasado 29 de mayo, que este procedimiento no se centra en analizar la responsabilidad penal que pudo tener este alto cargo de Sanidad. "Una consulta en la aplicación informática de estos Juzgados de Instrucción evidencia que otros juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este", responde la magistrada.
La petición se formuló después de que la Guardia Civil aportara a la causa las conclusiones iniciales de su atestado en el cual apuntaron que no se tendrían que haber celebrado marchas en la capital entre los días 5 y 14 de marzo y que, además, no se actuó con unidad de criterio puesto que se prohibieron algunas marchas mientras otras se mantuvieron vigentes, como es el caso del 8-M. En este sentido, la Policía Judicial relató en su atestado que tanto Simón como el ministro del Interior, Salvador Illa, se reunieron con miembros de la Iglesia Evangélica para instarles a suspender un acto que tenía previsto celebrarse en la capital a mediados de mayo.
Las advertencias de la juez
Las resoluciones de la magistrada se producen en paralelo con la crisis desatada en Interior por la destitución de Pérez de los Cobos. Rodríguez-Medel no se ha pronunciado al respecto pero la semana pasada, tras destaparse la salida del coronel, remitió un escrito a Interior advirtiendo de que la Ley protege a la Policía Judicial y que ésta solo debe dar explicaciones del avance de sus diligencias al juzgado y nadie más. Y no es la primera vez que lo hace: el mismo lunes 25 de mayo la instructora, a la par que requería abundante documental al Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, dejaba claro que los agentes de la Comandancia de Madrid tenían que guardar "rigurosa reserva" sobre el caso.
"Reitérese también a la Policía Judicial actuante la orden que se diera al inicio de esta investigación relativa a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta Magistrada-Juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos", expuso entonces.
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