El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, ha avisado este miércoles contra cualquier intento de injerencia del Gobierno en el Ministerio Público y se ha preguntado por qué la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tenía información sobre la querella que prepara la Fiscalía sobre el 9N "y por qué la utilizó de esa manera".
"La apariencia de imparcialidad del Ministerio Público es tan importante como la imparcialidad en sí misma y tenemos que lamentar esas palabras", ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press después de que Sánchez-Camacho afirmase el martes que la Fiscalía preparaba una querella contra el presidente catalán por cohecho y malversación.
Este portavoz ha lamentado que se hagan manifestaciones que pueden ser una presión pública a la Fiscalía para que actúe contra la Generalitat, aunque ha dejado claro que no le consta que haya presiones directas y, además, ha explicado que la regulación de la Fiscalía la "blinda" de injerencias en sus decisiones "puramente profesionales".
Por otro lado, ha explicado que durante la jornada de la consulta el pasado domingo en Cataluña los fiscales catalanes no disponían de un criterio previo de actuación, dado que se elevaron consultas a la Fiscalía General según se iban planteando cuestiones en los juzgados. Eso sí, ha añadido que desconoce si hubo una estrategia previa de la Fiscalía General que no se materializase en la actuación directa de los fiscales de guardia.
Estas declaraciones llevaron al propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce a salir del paso. Torres-Dulce aseguró que la fiscalía iba a pronunciarse sobre la consulta alternativa "sin ninguna precipitación, pero siempre con el horizonte del cumplimiento de la legalidad". "La fiscalía va a trabajar primero en si los hechos son delictivos; después determinará de qué delitos se trata y finalmente las personas responsables. Pero hasta el momento no hay nada", señaló.
El domingo la fiscalía se opuso a adoptar las medidas cautelares que solicitaron partidos políticos que acudieron a los tribunales, como UPyD, que reclamaron la paralización de las votaciones, la retirada de urnas e incluso la detención de Artur Mas.
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