La Ley de Vivienda sigue en discusión. El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros no satisface del todo a Unidas Podemos, que ha registrado este miércoles en el Congreso una batería de enmiendas al texto pactado en el seno del Gobierno. Los morados consideran que hay que mejorar la ley en varios aspectos: desahucios, corte de suministros y comisión que cobran las inmobiliarias por las operaciones de compra-venta y alquiler. Han informado al PSOE de esta iniciativa, confirman fuentes del grupo confederal.
UP propone, entre otras medidas, que "los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán siempre y en todo caso a cargo del arrendador". Hasta esa comisión o 'fee' lo suele pagar el comprador o el inquilino. Lo que proponen, por tanto, es que en los casos de alquiler esa partida no sea abonada por el inquilino en ningún caso.
Los morados también consideran que es el momento de aprovechar la Ley de Vivienda en tramitación para acabar con las demandas de desahucio de finca urbana "por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario o por expiración del plazo contractual en las que el arrendador no haya ofrecido al arrendatario una propuesta de alquiler social". Una de las enmiendas registradas este miércoles busca, por tanto, ampliar una decisión que ya se ha adoptado durante la pandemia.
Otra de las enmiendas de UP busca poner fin al corte de suministros básicos. Luz, agua y gas. "Las administraciones públicas garantizarán el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a todas las personas y unidades de convivencia en riesgo de exclusión residencial mientras dure esa situación", expone la propuesta de modificación de la ley.
Y un hito inédito. Proponen que "la interrupción injustificada de los suministros básicos del hogar se considerará acoso inmobiliario conforme a lo previsto en esta ley y será, por tanto, objeto de sanción".
Unidas Podemos también quiere limitar los alojamientos turísticos. "A fin de evitar el desplazamiento de los vecinos por un exceso de la oferta de alojamiento turístico, se establecerán regulaciones que limiten el número de plazas de alojamiento turístico, por distritos o barrios, sin que puedan suponer más del 2% del número de habitantes en entorno urbano", plantean.
Las propuestas de UP también afectan a los grandes tenedores, a partir de diez viviendas en propiedad. En este sentido, los morados plantean que estos actores estén "obligados a destinar al alquiler social de forma estable y continuada, en la forma que se determinará en la normativa de la Comunidad Autónoma correspondiente, un porcentaje mínimo, no inferior al 30%, del parque de viviendas que sean de su titularidad".
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