Durante el primer semestre del año la Base de Datos Nacional de Subvenciones registró 30.643 convocatorias de ayudas de todas las Administraciones Públicas. La cifra no tiene precedentes desde que en 2016 se creara el registro y se produce después de que un Real Decreto del Gobierno del pasado mes de marzo acabara con el periodo de adhesión voluntaria a dicho registro y estableciera la obligación de que todos los organismos del sector público subieran a la base de datos estatal todas sus procesos de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas, beneficios fiscales y en la Seguridad Social incluidos. El informe de balance sobre el funcionamiento de este registro publicado por el Ministerio de Hacienda recalcaba que en esa información se incluían los datos proporcionados por todos los departamentos ministeriales, todas las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, los 1.418 mayores ayuntamientos del país (73% de la población) y todas las comunidades autónomas... con la única excepción del País Vasco.
El Gobierno Vasco ha decidido recurrir el mencionado Real Decreto, que transpone un reglamento europeo de obligado cumplimiento, ante el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que el sistema establecido por el Gobierno para que Vitoria informe al Gobierno del Estado de todas las convocatorias de subvenciones que plantee y de todas las concesiones de ayudas públicas o incentivos fiscales que acuerde invade competencias que son propias del Ejecutivo Vasco. Expone que, según el Estatuto de Gernika, debe ser objeto de una negociación bilateral en el marco de la Comisión Mixta Gobierno de España-Gobierno Vasco.
Fuentes del Gobierno Vasco aclaran que el recurso no es "por diferencias de fondo con los textos legales españoles, sino porque sus textos se apliquen o impongan a Euskadi cuando tenemos competencias en la materia". En este sentido, desde Vitoria se exige que "los términos del suministro de información sobre ayudas desde Euskadi al Estado se han de concretar en el marco de una Comisión Mixta del Concierto o en la correspondiente Comisión Bilateral" y no en una norma de aplicación general que afecta a un asunto -el suministro de información sobre la actividad subvencionadora del Gobierno Vasco- que es competencia exclusiva del Gobierno Vasco.
La 'lehendakaritza' pretende conjurar así la sombra de sospecha que sobrevuela la política de subvenciones e incentivos del Gobierno del País Vasco por su supuesta opacidad, amparada en sus competencias estatutarias y en su régimen foral. No hace ni cinco años que Bruselas dictó un sentencia ejemplarizante por la que imponía una multa de 30 millones de euros a las Haciendas Forales por no haber recuperado a tiempo los recursos invertidos en las célebres 'vacaciones fiscales vascas', un esquema de créditos fiscales y exenciones en el Impuesto de Sociedades que las diputaciones forales aplicaron durante años sin control estatal alguno para atraer o retener empresas en su territorio.
El celo con el que el Gobierno Vasco defendió estas vacaciones fiscales y más recientemente la escasa transparencia con la que Vitoria y el Gobierno de Mariano Rajoy, con el respaldo parlamentario del PSOE, pactaron el 'cupo vasco' para el quinquenio 2017-2021, cuyo método de cálculo continúa siendo aún hoy un misterio, han alimentado una voluntad de opacidad que Vitoria rechaza. Las fuentes del Gobierno Vasco consultadas sostienen que su única ambición es incorporar al texto la llamada 'cláusula de salvaguarda foral', que deja claro que la aplicación de la norma se hará "conforme a nuestra legislación propia, porque somos competentes en la materia".
La 'materia' en cuestión es la gestión de la información sobre las convocatorias de subvenciones y, sobre todo, la concesión de ayudas fiscales propias de la comunidad autónoma. El Real Decreto aprobado por el Gobierno establece que esa información debe ser comunicada al Estado en el momento en que se lance la convocatoria y en los once meses siguientes a la concesión de la subvención, ayuda o incentivo para ser incorporadas a una base de datos única, la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la que se puedan consultar todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas en España. El asunto no es un capricho, es una obligación impuesta por la Unión Europea, para chequear entre otras cosas que no se concedan subvenciones constitutivas de 'ayudas de Estado', contra las que Bruselas mantiene una guerra sin cuartel.
Cinco artículos en el Constitucional
El conflicto competencial planteado por el Gobierno Vasco ante el Constitucional afecta a cinco artículos de la norma y reivindica la apertura de un canal específico, fruto de una negociación bilateral, para la transmisión de la información exigida por Bruselas desde el País Vasco hasta las bases de datos de la Administración del Estado.
Vitoria exige también la retirada de la disposición que incluye al Parlamento Vasco como sujeto obligado a la transmisión de información, al entender que conculca el perímetro competencias de la comunidad autónoma, y la corrección de la redacción para que no dé a entender que la no publicación de una convocatoria en la Base de Datos Nacional pueda conllevar la anulación de la misma.
El argumentario elaborado por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno exige, en última instancia, que se garantice dentro de la Base de Datos Nacional el acceso en euskera a las convocatorias realizadas por el Gobierno Vasco y que se elimine la obligación de subir al repositorio nacional los planes de subvenciones de las comunidades autónomas.
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