El TSJC considera que el intento de comprar urnas burló al Constitucional

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener abierta su investigación por la licitación de urnas convocada por el gobierno catalán, ante los indicios de que pueda estar vinculada al referéndum independentista y "orientada a infringir el mandato del Constitucional".

En un auto, la sala civil y penal del TSJC desestima así el recurso que la defensa de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su ex número dos Francesc Esteve presentaron contra la admisión a trámite de la querella que les interpuso la Fiscalía por convocar un acuerdo marco para la compra de urnas, que posteriormente fue declarado desierto.

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La defensa señalaba que la querella de la fiscalía suponía un uso preventivo del Derecho Penal, que vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lo argumentaba en el hecho de que la comisión del delito aún no se había producido.

El auto no admite esta defensa y señala que la admisión a trámite de una querella debe ceñirse a la verosimilitud y tipicidad objetiva que se desprenda del relato de los hechos que en ella se contenga, con independencia de lo que posteriormente pueda resolverse.

Por lo tanto, no valora la efectiva responsabilidad criminal, sino la procedencia de iniciar un proceso de investigación por el que se compruebe la efectiva comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito y que resultaran atribuibles a quienes se dice en la querella que son sus responsables.

El auto deja claro que el hecho de que la Generalitat no disponga materialmente de las urnas ni que sean gratis no desdice la realidad objetiva de que el TC ya ha dejado claro que consideraba inconstitucional cualquier partida presupuestaria referida a gastos vinculados con la celebración de un referéndum.

No solo eso. El TC, relata el auto, advertía específicamente a los miembros del Govern (a la Consellera, Sra. Meritxell Borràs, entre ellos) que su deber era impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir la suspensión, haciendo mención expresa a la licitación por la Generalitat de contratos administrativos instrumentales para la preparación del referéndum.  El acuerdo marco firmado por el querellado Esteve hizo justamente lo contrario, y lo hizo cinco días después de la advertencia del TC.

No solo eso, solo un mes más tarde de la licitación para comprar las urnas, el 9 de junio, el Molt Honorable President de la Generalitat hizo pública su voluntad de celebrar un referéndum por el que se preguntaría a los catalanes sobre si querían que Cataluña fuera un Estado independiente. Un anuncio que se reafirmaba dos días después en un acto convocado por la Asamblea Nacional Catalana, Omniun Cultural y Asociació de Municipis per la Independència.

Existen indicios de que pudiéramos asistir a hechos concatenados, dice el auto, pues el inicio de los trámites necesarios para la adquisición de urnas coincide en el tiempo con la promulgación de la Ley 4/2017, que prevé específicamente la habilitación de partidas para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Catalunya, y que, además, exhorta al Govern a garantizar una dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades derivadas de la convocatoria del dicho referéndum.

En principio, y sin perjuicio de ulteriores resoluciones, señala el auto, no parece que nos hallemos antes hechos aislados; y deben ser investigados como presuntamente constitutivos de ilícito penal, así como si resultan atribuibles a quienes figuran como querellados.La Generalitat aún no logra tener urnas

La Conselleria de Gobernación de la Generalitat se ha visto obligada a declarar desierto el concurso para homologar a empresas que fabrican urnas ante las posibles consencuencas legales para las mismas, aunque no renuncia a disponer de ellas a través de otro procedimiento.

Fuentes del Govern reconocieron que ninguna de las dos empresas que optaban a hacerse con la licitación para fabricar 8.000 urnas superaban los trámites previstos. La portavoz del Govern, Neus Munté, que consideraba que la querella de la fiscalía no tenía base jurídica (ahora el TSJC dice lo contrario) señalaba que "las empresas conocen perfectamente el marco legal vigente y la legalidad de este procedimiento administrativo y debían poder hacer su trabajo con tranquilidad y sin amenazas". Por el momento la querella sigue adelante y el procés, un engaño a los catalanes según Colau, no cuenta con urnas.