Uruguay: reacción argentina por UPM es infundada y atenta contra la buena fe

Montevideo, 14 jun.- Uruguay consideró hoy "desproporcionadamente costosa", "infundada" y contra "la buena fe de los tratados" la decisión argentina de denunciar a su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por haber autorizado un aumento de producción de la papelera UPM.

El canciller uruguayo, Luis Almagro, respondió así en una misiva formal dirigida a su par argentino, Héctor Timerman, al anuncio de Buenos Aires en el que también señalaba que "procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales".

"Es infundado sostener que esta autorización constituya una violación de nuestras obligaciones internacionales o una ruptura unilateral del mecanismo de consultas (...) Por el contrario, se trata de la conclusión de un extenso proceso de análisis y consultas realizados desde 2011 y canalizado a través de los organismos nacionales competentes", indicó Almagro.

Uruguay anunció el viernes que autorizaba a la planta papelera de UPM incrementar su producción hasta alcanzar 1,3 millones de toneladas al año, lo que provocó la respuesta de Argentina, opuesta desde su construcción en 2005 al funcionamiento de la misma.

Almagro rechazó que la decisión uruguaya pueda ser "inamistosa" hacia Argentina, ya que para su Gobierno la amistad entre ambos países es un "mandato irrenunciable", aunque reconoció que problemas bilaterales como el de las papeleras se vienen dando ya desde 1813 y las luchas por la independencia.

El canciller apuntó sin embargo que fue Argentina quien no actuó de buena fe en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo bilateral que gestiona el uso del río fronterizo compartido, al negarse a aprobar en su seno "proyectos de aumento de producción de UPM y otros proyectos para la navegación dentro de los plazos previstos".

"El cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales no es compatible con generar con la vía de los hechos un derecho de veto que no existe", añadió el canciller.

Asimismo, Almagro expresó su "sorpresa" por la "reevaluación" de las relaciones anunciada por Timerman, y esperó que eso no implique el "abandono unilateral" por Argentina del diálogo entre ambos.

En este sentido, el canciller apuntó que su gobierno lleva reclamando de forma "reiterada" un ejercicio conjunto de esa naturaleza, "orientado a examinar y dar respuesta a las medidas unilaterales que Argentina ha venido adoptando y que perjudican injustificadamente al comercio, el turismo y los puertos uruguayos, así como las hidrovías de la región y en definitiva la integración regional".

El canciller expresó así su deseo de constituir una mesa de diálogo conjunta para poder abordar todas las cuestiones bilaterales que "ocasionen diferencias o controversias" para "procurar soluciones mutuamente aceptables" para ambos.

"Uruguay está dispuesto a negociar sin dilaciones, de la misma forma que no hemos dilatado las decisiones que correspondían para autorizar y favorecer el desarrollo productivo nacional de las inversiones de UPM y otros proyectos que cumplan con las exigencias legales nacionales", añadió.

En octubre de 2013 el presidente uruguayo José Mujica anunció otra autorización para el incremento de producción de la planta hasta 1,2 millones de toneladas al año, bajo la condición de implementar nuevas medidas de protección medioambiental.

Según Uruguay, esas condiciones ya se cumplieron y por eso se le concedió a UPM la producción de otras 100.000 toneladas, como venía pidiendo desde 2011.

La instalación de la planta de UPM en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas entre ambos países por el bloqueo que los vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el puente fronterizo.

Por este conflicto, Argentina recurrió en 2006 al tribunal de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a su vecino sobre los detalles de la construcción.

El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.

La fábrica está ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo, y frente a las costas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, sobre el río Uruguay.