El Gobierno, de la mano de la ministra de Trabajo, ha echado el resto en el Consejo de Ministros, donde por fin ha visto la luz uno de los proyectos estrella de Magdalena Valerio, el plan de lucha contra el desempleo de larga duración. El bautizado como Plan Reincorpora-T, que ha sido aprobado en el último 'viernes social' antes de la campaña electoral que arrancará el próximo 12 de abril, tendrá un coste total de hasta 4.000 millones de euros, mucho más de lo inicialmente anunciado, según el documento final del plan al que ha tenido acceso La Información.
"Del total presupuestado, 781,2 millones corresponderán a los Presupuestos de 2019 y por tanto se consignarán en las dotaciones previstas en los mismos", según consta en el documento. Para 2020 se estiman 1.480 millones de euros y para 2020, otros 1.738 millones. La ministra Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha especificado que el plan en sí tendrá un coste de 1.313 millones de euros, a los que hay que sumar el desembolso que supondrán a tres años medidas ya aprobadas por real decreto ley como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, cuyo impacto presupuestario se eleva, sorprendentemente, a 2.577 millones de euros en tres años, a razón de 388 millones en 2019, 993 en 2020 y 1.196 millones en 2021.
Pero el coste no es definitivo. "En todo caso, los compromisos que se deriven de la aplicación de este Plan quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno", reza el texto. Además, añade que "en el caso de las actuaciones para las que resulten competentes las comunidades autónomas, el contenido del presente Plan no tendrá carácter obligatorio". Dos aclaraciones que no han sido nada bien recibidas por las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT.
El plan tiene como meta reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos, hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021. Esta reducción supondría un descenso neto del número de desempleados de larga duración mayores de 30 años de 422.100 personas, ya que la cifra pasaría de los 1,2 millones actuales a 850.000 parados.
Entre las principales medidas que recoge el documento, destaca la inclusión de cláusulas de carácter social en los contratos del sector público, para que garanticen la contratación entre un 5% y un 10% de parados de larga duración de 45 y más años. En este sentido, las empresas con creación de empleo neto que incorporen y mantengan de forma estable un porcentaje de parados de larga duración superior al 10% se bonificarán con una ampliación de su crédito formativo del 5% para el ejercicio siguiente en el que se cumpla tal condición.
Del mismo modo, "se estudiarán con el Ministerio de Hacienda y con el de Economía y Empresa incentivos fiscales como deducciones por la creación de empleo estable para parados de larga duración", de acuerdo con el texto, que recuerda las bonificaciones a la contratación de estos parados más vulnerables que ya se aprobaron por decreto y que alcanzan los 1.300 millones anuales y hasta los 1.500 si la contratada es mujer.
También propone mejorar la empleabilidad de al menos un 10% de estos parados y las competencias básicas de un 15%, reforzar la protección económica frente al desempleo con el subsidio para mayores de 52 años y asistir inmediatamente a todos los trabajadores despedidos para recolocarlos.
No es suficiente para los sindicatos
Valerio ha presentado hoy en sociedad el plan que le quedaba en cartera, a una semana del inicio oficial de la campaña electoral. Sin embargo, y pese a compartir los objetivos de base, su alcance no convence a las organizaciones sindicales, que consideran que va en la "dirección correcta", pero dudan de su eficacia y cuestionan su diseño precipitado en la recta final de la legislatura.
En una nota remitida a los medios de comunicación, CCOO señalas varias lagunas del documento elaborado por el Ministerio de Trabajo: por un lado, denuncia que "una parte importante" de las medidas no son vinculantes, sino meras recomendaciones a las comunidades autónomas, y que además están fuera del ámbito de actuación de las políticas activas de empleo y "solo se pueden abordar con una reforma laboral". Por otro lado, en cuanto a la dotación presupuestaria, el sindicato exige al Gobierno la reserva de crédito específico que garantice los recursos destinados a cada una de las actuaciones, ya que, sobre el papel, el gasto se deriva de los fondos ya establecidos en los Programas de las Políticas Activas de Empleo.
Valerio se ha defendido de las críticas de los sindicatos asegurando que han participado en la elaboración del plan. "Si lo consideran un brindis al sol, peor son los lunes al sol...", ha dicho, para revelar después que se trata de "un plan dinámico, no estático". Al respecto, la ministra ha aclarado que "dado lo cambiante que es el mercado de trabajo en estos momentos, si hay que dejar de lado unas medidas y establecer otras, lo vamos a hacer". Así, ha anunciado la creación de una "comisión de seguimiento" en la que van a estar representados la patronal y los sindicatos, "para participar en la evaluación del plan y en el rediseño, si se requiere".
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