Varias comunidades reclaman la exención del canon demanial de la Ley Costas

Sevilla, 28 nov.- Varias comunidades autónomas han reclamado la exención del canon demanial recogido en la Ley de Costas para evitar llevar a la quiebra a los concesionarios de estas instalaciones.

Así se recoge en un comunicado de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía sobre las conclusiones de las XIII Jornadas de Administraciones Portuarias de las Comunidades Autónomas, en las que han participado Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña y Baleares.

En las jornadas se ha expresado la necesidad de introducir en el texto la exención prevista en el artículo 5. 1. del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante sobre inaplicación a instalaciones incluidas en los Reales Decretos de traspasos en materia de puertos.

Se trata de un canon que tendrían que consignar al Estado los concesionarios de puertos autonómicos junto al que ya pagan a la Comunidad.

Este canon no se exige en cambio a los concesionarios en puertos estatales, lo que podría llevar a la quiebra a estos concesionarios, haciendo inviable la gestión indirecta en muchos puertos autonómicos.

Asimismo, ha afirmado que hay que "revisar los criterios de cuantificación, en forma que no impida la viabilidad económica de la explotación de las instalaciones concesionadas, abocando con ello a la gestión directa generalizada".

En cuanto a los plazos concesionales, la Consejería ha explicado que "debe precisarse el tema de los plazos afectados por el artículo 49 de esta norma, de concesiones autonómicas de puertos".

"Se propone que se referencie, de forma consensuada con las comunidades autónomas, el límite temporal máximo, año concreto, en que dichas concesiones previas a la Ley de Costas deban entenderse vencidas, sin posibilidad de prórroga", ha señalado.

Con respecto a las marinas interiores, la Consejería ha opinado que es necesaria una "mayor precisión en el concepto de garaje náutico".

La reforma de la Ley de Costas dice que los "garajes náuticos" ya no serán en dominio público, sino que podrán ser de propiedad privada, algo que la Junta de Andalucía rechaza por considerarse un avance en la privatización de los puertos.