Varios presos por el atentado de Marrakech intentan suicidarse, dice familia

  • Tres de los nueve marroquíes condenados por el atentado del café Argana en Marrakech, que el 28 de abril de 2011 costó la vida a 17 personas, han intentado suicidarse en protesta por sus malas condiciones carcelarias, informaron hoy a Efe familiares de los presos.

Rabat, 29 abr.- Tres de los nueve marroquíes condenados por el atentado del café Argana en Marrakech, que el 28 de abril de 2011 costó la vida a 17 personas, han intentado suicidarse en protesta por sus malas condiciones carcelarias, informaron hoy a Efe familiares de los presos.

Hasan Batar, representante de los familiares de presos del llamado "caso Argana", relató que los presos Mohamed Reda y Abdelfatah Dihach ingirieron el jueves una caja de pastillas en protesta contra lo que consideran un trato "humillante y vengativo" y por las agresiones a las que se les somete en la cárcel de Salé.

El hermano de éstos, Abdessamad Bettar, intentó ahorcarse, lo que acabaron impidiendo otros presos, señaló Batar.

Los tres presos se encuentran en la misma celda y llevan a cabo desde el pasado 9 de abril una huelga de hambre para denunciar su situación, añadió el representante de las familias.

En marzo, un tribunal de apelación elevó las penas contra Bettar y Reda de cuatro a diez años, mientras que confirmó la pena de 2 años para Dihach.

Los dos acusados principales por el mismo caso, Adel Othmani como autor y Hakim Dah como cómplice principal, están condenados a muerte.

El intento de suicidio de los tres condenados coincide con la celebración del primer aniversario de los atentados del café Argana, el más grave sufrido en Marruecos y que golpeó el corazón turístico de Marrakech y del país.

El pasado miércoles, la Dirección General de Administración Penitenciaria (DGAP) declaró que en las cárceles marroquíes no se practican las torturas, ya que las autoridades "combaten con el rigor necesario todas las prácticas atentatorias a las reglas jurídicas en vigor".

La DGAP subrayó su disponibilidad "a abrir las puertas de las prisiones a todas las instancias e instituciones jurídicamente habilitadas para controlar la situación de los detenidos.

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