Veinticuatro detenidos por blanquear dinero de droga mediante "black market"

  • La Guardia Civil ha desarticulado una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico utilizando el método "black market" en una operación en la que han sido detenidas veinticuatro personas de diversas nacionalidades, el jefe en Venezuela y las demás en España.

Madrid, 20 mar.- La Guardia Civil ha desarticulado una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico utilizando el método "black market" en una operación en la que han sido detenidas veinticuatro personas de diversas nacionalidades, el jefe en Venezuela y las demás en España.

Este método consiste en vender euros a personas de países que tienen restricciones de suministro de este tipo de moneda.

Dado que el comercio internacional se basa en el euro y en el dólar, numerosos empresarios y otras personas de determinados países con fuertes restricciones de suministro de esta moneda acuden al mercado negro para su compra por un precio muy superior, informa la Guardia Civil.

De los arrestados en España hay ocho venezolanos, otros tantos colombianos, dos españoles, dos guatemaltecos, un ecuatoriano, un portugués y un lituano y en la operación se han intervenido cerca de cuatro millones de euros en efectivo y recibos de ingresos y transferencias por quince millones.

Se trata de la operación Filósofos que se ha realizado en colaboración con cuerpos de Policía de Venezuela, Portugal, Italia y Holanda.

Gracias a la colaboración de las autoridades venezolanas se ha podido averiguar que a través de las cuentas corrientes del principal encausado, residente en Venezuela, la organización podría haber blanqueado más de cien millones de euros.

El jefe de la organización, detenido en Venezuela, contactaba con personas de este país necesitadas de importantes sumas de dinero en euros y tras pactar el precio de venta de los euros, los clientes le facilitaban un número de cuenta corriente en España o en Portugal, donde le ingresaban el dinero pactado.

La investigación se inició como consecuencia del intercambio de información con la Agencia Antidroga Estadounidense a través de la cual se obtuvo diversa información sobre un grupo criminal asentado en diversos países que estaría dedicándose a recoger grandes sumas de dinero procedente del tráfico internacional de estupefacientes para hacerlo llegar a los cárteles asentados en Sudamérica.

Los investigadores averiguaron que los traficantes, tras enviar la droga a Europa, encontraban grandes problemas para recoger los beneficios obtenidos en su venta.

Por ello crearon organizaciones paralelas encargadas de contactar con los distribuidores en Europa y efectuar la recogida del dinero en efectivo utilizando para estos contactos a personas conocidas como asesores fiscales ubicados en Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

El principal "broker" de la organización, residente en Venezuela, era el encargado de dirigir la red que operaba en Europa para lo cual contactaba con los detenidos en España a quienes facilitaba los teléfonos y una contraseña de las personas con las que tendrían que reunirse para recoger el dinero.

Para realizar los contactos alquilaban habitaciones de hoteles, donde contaban el dinero y lo preparaban para su traslado en dobles fondos de maletas, mochilas, juguetes, vehículos, etcétera.

Dada la complejidad de la operación fueron necesarias diversas reuniones en Madrid, Lisboa, Bogotá y Caracas por lo que componentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse a Portugal, Colombia y Venezuela para mantener encuentros de coordinación con los cuerpos policiales intervinientes.

En España se han realizado once registros domiciliarios en los que se han intervenido resguardos de los ingresos que los miembros de la red habían efectuado en cuentas corrientes de los clientes durante un año por un valor de quince millones de euros, a los que hay que sumar otros cuatro millones en efectivo también ocupados.

La investigación, dirigida en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha sido realizada por la Guardia Civil, la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, la DEA de Estados Unidos y la Policía Judiciaria de Portugal y ha contado con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid y de la Guardia Urbana de Barcelona.

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