Venezuela cerró 2012 con casi 600 reos muertos y suma más de 5.600 desde 1999

  • El sistema penitenciario de Venezuela cerró 2012 con 591 reos muertos, la cifra más alta en los últimos 14 años y 5,53 % mayor a la de 2011, reveló hoy el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en medio de críticas dentro y fuera del país por la situación carcelaria.

Caracas, 31 ene.- El sistema penitenciario de Venezuela cerró 2012 con 591 reos muertos, la cifra más alta en los últimos 14 años y 5,53 % mayor a la de 2011, reveló hoy el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en medio de críticas dentro y fuera del país por la situación carcelaria.

Casi una semana después de que un motín registrado en una cárcel en el oeste del país, que oficialmente se saldó con 58 muertes, un evento del que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos responsabilizó al Estado, el OVP puso de relieve la crítica situación penitenciaria venezolana en su repaso anual.

"En el 2012 fallecieron 591 personas, eso quiere decir que hubo un incremento del 5,53 %" frente al año 2011, cuando murieron 560 personas, explicó el director del OVP, Humberto Prado, y cifró en 1.132 el número de heridos, un 22,30 % menos que en 2011.

El Observatorio reveló que entre 1999 y el año pasado 21.249 personas fueron "tocadas por la violencia carcelaria", que se cobró en ese período la vida de 5.667 reclusos y dejó a 15.592 heridos.

Lo ocurrido el pasado viernes en el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental, conocido como Uribana, revivió para distintos sectores la mayor tragedia carcelaria ocurrida en Venezuela desde 1990, como lo fue un motín registrado en enero de 1994 en la prisión de Sabaneta, en el occidental estado Zulia.

En ese entonces 108 reclusos murieron y 20 quedaron heridos luego de que se produjera un incendio en el penal.

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó el domingo, 48 horas después del motín y tras desalojar a los internos, que en Uribana se registraron 58 fallecidos y 95 heridos en lo que describió como una "resistencia" de "líderes negativos" que dispararon "a mansalva" por su desacuerdo con una requisa.

Prado reveló que, según sus cifras, en Uribana murieron 63 personas, entre ellos un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un pastor evangélico, y 132 resultaron heridas.

"Es primera vez que se presenta una situación como esa, donde hay presuntamente una requisa (...) y simplemente resulta un solo guardia nacional muerto y 62 civiles muertos", sentenció Prado.

Uribana generó, entre otras, la reacción de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien a través de su portavoz, Rupert Colville, subrayó que lo ocurrido "refleja un alarmante patrón de violencia en las cárceles venezolanas", y exigió una "pronta investigación".

El canciller venezolano, Elías Jaua, calificó de "apresuradas las apreciaciones y sentencias" de Pillay y anunció que, "una vez evaluado el contenido de esa declaración", el Gobierno la contactará "para brindarle toda la información" sobre lo sucedido.

Prado lamentó hoy que el jefe de la diplomacia de Caracas se haya apresurado "a dar conclusiones sin investigar, sin respetar a las víctimas y sus familiares y sin identificar plenamente a los fallecidos y a los responsables de estos hechos".

Además apuntó a otro problema que aqueja al sistema carcelario venezolano: un hacinamiento del 192 %.

Detalló que en las 34 cárceles del país, con capacidad para albergar 16.596 presos, conviven 48.262 reos, de los cuales 45.314 son hombres y 2.948 mujeres.

"Esto se califica de hacinamiento crítico", sostuvo el activista, quien citó, como ejemplo, la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (centro), que con capacidad para 750 internos es ocupado por 4.654.

"¿Cómo quieren ustedes que le responda un interno si usted lo tiene en una condición peor que un animal?", se preguntó Prado.

Del total de la población penitenciaria, 30.274 reclusos están procesados o en prisión preventiva y 14.912 son penados o con sentencia definitiva.

El OVP recomendó, entre otros, aplicar "medidas para evitar que sigan ocurriendo daños irreparables a la vida dentro de las cárceles" al puntualizar que el fin de la pena "no es otra cosa de la rehabilitación de la persona privada de libertad". EFE

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