Venezuela renueva críticas a la OEA y CIDH y rechaza observación

"Venezuela no tiene confianza en la OEA", dijo Germán Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos de Venezuela, al margen del 156 período de sesiones de la CIDH en Washington.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha respaldado en repetidas oportunidades la participación del organismo en los comicios legislativos del 6 de diciembre, a los que hasta ahora solo ha sido convocada la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Saltrón dijo que a las elecciones también acudirán expertos de Mercosur y la Celac (que agrupa a toda la región menos Estados Unidos y Canadá), y abrió una invitación a la Unión Europea.

Pero no la OEA, que "ha certificado golpes de Estado, fraudes electorales y dictaduras", dijo el funcionario venezolano, calificándola de "organismo caduco" sin "credibilidad internacional".

Venezuela también dirigió críticas contra la CIDH, órgano de la OEA sobre derechos humanos que funciona de manera autónoma, a la que acusa de haber apoyado el fallido golpe de Estado de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de estar parcializada a favor de Estados Unidos.

El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, pidió durante las sesiones visitar Venezuela "a la brevedad" para evaluar la situación de los medios de comunicación y denuncias de acosos contra periodistas.

"Venezuela permite la visita de la CIDH siempre (que) rectifique el error cometido de haber apoyado el golpe de Estado", respondió Saltrón.

"Mientras tanto no son dignos de visitar nuestro país", apuntó el funcionario, que en varios momentos recriminó a los comisionados violar los reglamentos de sesiones o calificó al organismo de "dictadura mediática" por, a su juicio, irrespetar el tiempo de palabra.

El relator para Venezuela, el chileno Felipe González, negó que el ente interamericano de derechos humanos haya reconocido la intentona golpista, y señaló que la Comisión fue "muy bien recibida" por Chávez un mes después.

"La Comisión se limitó en ese momento a dirigirse al gobierno de facto como se dirigía a las dictaduras (...) La Comisión no reconoce o desconoce gobiernos, no tiene esa facultad", afirmó.

"El problema surgió una vez que la Comisión emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela" al año siguiente, añadió.

Venezuela centró la atención en la primera jornada de audiencias de la CIDH en Washington, en la que activistas destacaron 205 casos de supuestos hostigamiento verbal, censura e intimidación contra periodistas y voces críticas, entre enero y septiembre de este año.

Según la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, el acceso a la información pública en Venezuela es "prácticamente inexistente" debido a un marco regulatorio "restrictivo".

Aunque el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, dijo que las instituciones venezolanas avanzan en prácticas de gobierno electrónico, González consideró que "el Estado no se ha hecho cargo de las acusaciones" sobre fallas de acceso planteadas en distintas audiencias.

Los ataques físicos contra periodistas quedan en "impunidad total", señaló Marco Ruiz, líder del sindicato de periodistas.

Según las organizaciones, el acoso se extiende a los defensores de derechos humanos a través de los medios de comunicación estatales y por altos funcionarios públicos, con el silencio de las instituciones. "Por eso lo consideramos una política de Estado", señaló el activista Feliciano Reyna.

Las autoridades venezolanas indicaron que los activistas amenazados reciben protección, pero también acusaron a las organizaciones no gubernamentales de estar "financiadas" desde el extranjero, tener intereses económicos y atentar contra el país.

"Es un negocio tener una ONG, criticó Saltrón.

Para el director de la ONG Provea, Marino Alvarado, esas declaraciones son lastimosas. "Lamento que la propia audiencia se haya convertido en un acto de criminalización" contra los defensores de derechos humanos, afirmó.

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