El desfalco que se produjo en la empresa pública Defex con sus contratos de venta en Angola contó con la intermediación no solo de la cúpula de la empresa pública sino de altos cargos del país africano cómplices de este fraude que investiga la Audiencia Nacional. De hecho, más de una tercera parte de lo que se obtuvo con el contrato del 153 millones de euros de venta de material policial fue destinado a sufragar paquetes vacacionales o intervenciones quirúrgicas como una operación de cataratas a funcionarios angoleños que hasta llegaron a recibir pagos en metálico semanales de entre 500 y 600 euros.
Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en un auto de 258 páginas por el cual abre juicio oral a un total de 24 personas (entre ellas parte de la excúpula de la empresa pública y la abogada Beatriz Paesa) además de Defex y otras dos sociedades. De esta forma eleva a la Sala la primera de todas las piezas que integran la macrocausa sobre los contratos de la empresa pública en países como Camerún, Arabia Saudí, Egipto o Brasil (en estas dos últimas piezas todavía siguen las diligencias abiertas).
El magistrado detalla el 'modus operandi' de la UTE que integró la empresa controlada por la SEPI junto con la mercantil Comercial Cueto S.A, también procesada. De acuerdo con correos electrónicos intercambiados por los principados acusados y que obran en el sumario de la causa, lograron inflar el contrato principal hasta un 250%. Este sobreprecio era de sobra conocido por todos los participantes en la operación y consistía en multiplicar el coste de cada ítem o material por el coeficiente del 2,5. Este cálculo, bautizado como 'factor mágico', hizo que de los 152 millones de euros derivados del contrato firmado con Angola, la UTE se apuntara un beneficio cercano a los 94 millones de euros.
Operaciones camufladas
El instructor, que deja patente su perplejidad por el hecho de que una empresa que gozaba de "prestigio internacional" recurriera a esta colaboración empresarial, se hace eco no solo del acuerdo principal de venta de material policial sino también de otras dos operaciones con la Policía angoleña que no quedaron reflejadas en ningún contrato. En la primera se suministró material policial con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en 2009 mientras que la segunda consistió en la venta de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial. Las firmas de ambas se cerraron por un total de 4 millones de euros de los cuáles 2,2 fueron beneficios para los miembros de esta trama.
En ella participaron no solo los principales acusados -el expresidente de Defex José Ignacio Encinas y de Comercial Cueto 98 Juan Carlos Cueto- sino también altos cargos de esta empresa (que apenas cuenta con 20 empleados) además del agente comercial Guilherme De Oliveira. Sobre este último pesa una orden de busca y captura por encontrarse huido de la Justicia, según explica el instructor que añade en la trama a una decena de altos funcionarios de Angola que recibieron suculentos regalos a cambio de no poner tacha alguna a este contrato que se otorgó sin licitación ni concurso público.
53 millones en comisiones
De la Mata pone el acento en que de los 96 millones de euros de sobreprecio que dejaron todas las operaciones, solo 43,7 del monto total se declaró como beneficio en los impuestos de sociedades. El resto (52,8 millones de euros) fue empleado por los miembros de esta red para el pago de sobornos a funcionarios angoleños, entre los que se encuentran miembros del Ministerio del Interior del país y de la Policía Nacional. De esta forma, se pagaron desde los gastos de estancia hotelera en Madrid de estos cargos y sus familias hasta chequeos médicos y cestas de Navidad que en determinados casos ascendieron a 15.000 euros. En otras ocasiones hasta se les cubrieron los traslados en coche en España con chófer incluido.
Como resultado de estos acuerdos comerciales, los acusados se embolsaron grandes cuantías en 'b' que transfirieron a Luxemburgo y que fueron gestionadas por Beatriz Paesa, sobrina del famoso espía Franciso Paesa. El magistrado De la Mata la ubica detrás de una serie de sociedades que habría creado con el fin de mover el dinero para que no quedara rastro del mismo, criterio compartido con la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso presentado contra su procesamiento. En dicho auto los magistrados denegaron la pretensión de la abogada de practicar comisiones rogatorias al país luxemburgués y legitimaron a la Audiencia Nacional para juzgarle por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad instrumental y asociación ilícita.
Con todo, el magistrado reprocha a Fiscalía y Abogacía del Estado que exoneren de delito fiscal a Defex -teniendo en cuenta que admiten fraudes fiscales en los ejercicios de 2008 y 2009- e impone fianzas cercanas a los 400 millones de euros en el caso de Cueto y Encinas o del exdirector financiero de la empresa pública, Enrique Gómez Cuesta. Además, como ya ha apuntado en otros autos, recuerda que hubo un "inexistente" control de todos estos acuerdos comerciales, lo que les llevó además a ocultar todo tipo de gastos a la auditora y a camuflar los relativos a mordidas y sobornos en la partida de 'formación'.
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