Buenos Aires, 5 abr.- El vicepresidente argentino, Amado Boudou, negó hoy haber cometido actos fuera de la ley y acusó a la Justicia y los principales diarios del país de haber montado una "operación mediática" en la causa que investiga si el funcionario usó sus influencias para beneficiar una imprenta de dinero.
En una declaración a la prensa, Boudou dijo que el allanamiento que la justicia realizó este miércoles a una propiedad suya en Buenos Aires fue parte de "telenovela mediática de la mafia de (Héctor) Magnetto", CEO de Clarín, el mayor grupo multimedia del país, y de "la agencia de noticias de (el juez Daniel) Rafecas", a cargo de la causa judicial que salpica al vicepresidente.
"Pareciera que el juzgado fuera una agencia de noticias", ironizó Boudou, quien consideró que el abordaje que hicieron los principales periódicos de Argentina sobre la causa "muestra la baja calidad institucional del sistema judicial" del país.
Agentes de la Gendarmería realizaron el allanamiento ordenado por Rafecas en un apartamento del lujoso barrio porteño de Puerto Madero perteneciente a Boudou, quien reside en otro apartamento de la misma zona.
Rafecas investiga si se cometieron negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero en el proceso que se inició durante el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone, que pasó a ser controlada por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele.
La justicia busca determinar si el vicepresidente utilizó sus influencias en 2010, cuando era ministro de Economía, para favorecer a la imprenta, cuya sede también fue allanada el mes pasado por orden del juez.
"Como ministro de Economía, no hice ninguna acción para beneficiar a la imprenta Ciccone. (...) Quedó demostrado que había un plan urdido para ligarme con personas con las cuales no tengo nada que ver", aseguró Boudou, quien se definió como "nuevo en la política".
"Llegaron a ofrecer 3.000.000 de dólares por una foto de Boudou con Vandenbroele, una foto que no existe", dijo el vicepresidente.
El funcionario ofreció una declaración a la prensa luego de que medios locales aseguraran hoy que durante el allanamiento en la propiedad de Boudou se halló un recibo de expensas a nombre de Vandenbroele y correos del consorcio dirigidos al director de la imprenta.
El vicepresidente señaló que "el problema no es Ciccone, el problema es Boldt", en referencia a una compañía que, detalló, "se dedica a la explotación del juego en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe" y a la que Boudou acusa de haber difundido información que supuestamente lo involucra en la causa judicial.
También se refirió a entrevistas mantenidas, como ministro de Economía, con el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, a quien acusó de haberle sugerido "arreglar" con Boldt para evitar acusaciones en su contra.
Boudou también cuestionó el abordaje del caso que hicieron los periódicos Perfil y La Nación e incluso criticó a este último por haber divulgado un editorial que publicó esta semana el diario español El País, que indicó que Argentina "va por el mal camino".
Según portavoces de la investigación, el vicepresidente rentó el apartamento allanado este miércoles a Fabián Carosso Donatiello, amigo de Vandenbroele, quien a su vez es abogado y amigo de José Núñez Carmona, socio de Boudou.
El pasado día 16, la Justicia realizó otros tres allanamientos en propiedades de Vandenbroele, dos de ellas en Buenos Aires y otra en la provincia de Mendoza (oeste), donde reside Laura Muñoz, exesposa del abogado y quien denunció que su antiguo marido es "testaferro de Boudou".
El pasado día 13, un grupo de diputados opositores impulsó un pedido de juicio político con fines de destitución contra el vicepresidente, que, según adelantaron fuentes del Gobierno, con mayoría en ambas cámaras parlamentarias, no tiene posibilidades de prosperar.
Los diputados acusan a Boudou de haber usado sus influencias y en ese sentido sostienen que el actual vicepresidente intercedió, cuando era ministro de Economía, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para pedir el levantamiento de la quiebra de esa firma.
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