Vicepresidente colombiano aboga por reformar las competencias del procurador

Bogotá, 17 dic.- El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, propuso hoy abordar una reforma constitucional para modificar las competencias de la Procuraduría, capacitada para sancionar y cesar a funcionarios y responder en segunda instancia si la decisión es recurrida.

Ese es el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien la semana pasada fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer funciones públicas por el organismo de control administrativo, lo que ha despertado una gran polémica sobre la supuesta concentración de poder de la Procuraduría.

Garzón, quien fue integrante de la Asamblea Constituyente que elaboró en 1991 la Carta Magna vigente, admitió en una entrevista con la emisora Blu Radio que se cometieron errores en la adjudicación de poderes a los organismos de control como la Procuraduría, que también ejerce como Ministerio Público.

"Todos los constituyentes de todos los partidos tenemos que reconocer que nos equivocamos en la Asamblea Nacional Constituyente cuando le dimos poderes de control al procurador, a la contralora y al fiscal general", observó.

Y matizó: "Simplemente nos olvidamos que un servidor público, una vez sufre una sanción disciplinaria, debe tener una segunda instancia autónoma de esos poderes de control y administrativos para que les revisen sus peticiones de defensa".

A juicio del vicepresidente, los ministros de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y del Interior, Aurelio Iragorri, así como los representantes a la Cámara y senadores deberían proponer una reforma constitucional.

Esta iniciativa permitiría "crear una segunda instancia autónoma para que servidores públicos que sufren sanciones administrativas o disciplinarias tengan el derecho a la defensa y al debido proceso, que es una norma fundamental de una política integral de Derechos Humanos", anotó Garzón.

El alto funcionario reconoció que el procurador, Alejandro Ordóñez, tomó la decisión de destituir e inhabilitar a Petro durante quince años en consonancia con la facultad que reconoce la Constitución de "investigar a todos los servidores públicos nombrados y elegidos por votación popular".

En este caso, Ordóñez justificó su decisión al considerar que Petro hizo una mala gestión durante la transición de un modelo privado a uno público de recogida de basuras, lo que se tradujo en una crisis sanitaria en diciembre de 2012.

Garzón consideró que lo que debería hacer Petro es elevar un recurso de reposición de nuevo al procurador, que es la primera acción que se contempla y tiene como fecha límite el 30 de diciembre y presentar "todas las argumentaciones políticas para que él mismo revise su fallo".

Asimismo, rechazó la hipótesis de Petro y del fiscal general, Eduardo Montealegre, que atribuye competencias al presidente, Juan Manuel Santos, para revocar la decisión de Ordóñez y afirmó que el mandatario "no tiene posibilidad de revisar ni una coma de un fallo del procurador general de la Nación".