Bogotá, 25 mar.- El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, alertó hoy del "retroceso en materia de derechos humanos" al que se expone su país después de que los representantes del Estado abandonaran ayer de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
"El retiro de reunión de la CIDH nos alerta que vamos caminando de un país en progreso a un país en retroceso en materia de derechos humanos", escribió en su cuenta de Twitter el vicepresidente, que en el pasado fue un destacado dirigente sindical.
Los representantes del Estado colombiano abandonaron el lunes la sala cuando se debatía sobre derechos políticos en el país suramericano en el marco de la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos de hacer efectiva la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sobre la cual el organismo tenía cierta preocupación.
La CIDH había otorgado medidas cautelares a Petro y admitido a trámite una petición para estudiar a fondo el caso, aunque el Gobierno pidió que se cancelara esta audiencia y el organismo lo negó.
De este modo, el Gobierno colombiano decidió no dar respuesta a las denuncias sobre derechos políticos: "Consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso", dijo Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, antes de abandonar la sala.
Petro, elegido alcalde para el periodo 2012-2015, fue destituido por Santos el pasado miércoles acatando una sentencia dictada el 9 de diciembre de 2013 por la Procuraduría General (Ministerio Público), que además lo inhabilitó por quince años para ejercer cargos públicos por el mal manejo de una crisis de basuras en 2012.
Desde que la Procuraduría ordenó su destitución, Petro puso en marcha una estrategia jurídica en Colombia y en la CIDH.
Según dijo el alcalde destituido en una entrevista con Efe, el siguiente paso es que la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ambas instancias de la OEA, que transforme las medidas cautelares ya otorgadas en medidas provisionales y después que organizaciones de derechos humanos, parlamentos y partidos políticos del mundo reclamen una intervención.
"La CorteIDH no se va a mover si no hay una actividad de solicitud y no solamente de quien ha sido el afectado", explicó Petro, quien va a promover la movilización ciudadana para buscar un fallo favorable del organismo.
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