El magistrado del caso Villarejo ha culminado la décima pieza del caso Tándem relativa al presunto robo del teléfono de Dina Bousselham no sin antes protagonizar el último giro de 180 grados en la causa al dejar en manos del Tribunal Supremo una posible investigación al líder de Podemos y otros miembros del partido por tres delitos. Se trata de una decisión que se produce apenas semanas después de que la Audiencia Nacional devolviera a Pablo Iglesias su condición de perjudicado y pusiera coto a posibles investigaciones en torno al destrozo de la tarjeta SD. Precisamente, esa decisión de la Sala de lo Penal es la que ha hecho que el magistrado Manuel García Castellón ponga el asunto en manos del alto tribunal al considerar que hay indicios que apuntan a delitos de revelación de secretos, denuncia falsa y daños informáticos.
De este modo, el magistrado provoca el último viraje de la causa en la que Iglesias ha pasado de víctima a verdugo en poco más de año y medio de instrucción. Ahora, y a falta de conocer la decisión de la Sala de lo Penal del alto tribunal, todo apunta que el primer ente en pronunciarse será la Fiscalía. El órgano que dirige Dolores Delgado será el encargado de emitir dictamen acerca de si ve indicios para abrir causa penal a Iglesias o no. Las acciones se dirigen también contra la exjefa de los servicios jurídicos Gloria Elizo, los abogados de Podemos Marta Flor y Raúl Carballedo así como la propia Dina Bousselham y su pareja Ricardo Sá Ferreira (estos últimos por falso testimonio). El instructor entiende que todos ellos deben responder ante el Supremo pese a estar aforados únicamente Iglesias y Elizo porque existe una "conexión material inescindible".
Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por este órgano explican que todavía no tienen ninguna información al respecto más allá de lo que han conocido por la prensa. De este modo, falta por ver si Dolores Delgado se abstiene en lo que respecta a este asunto teniendo en cuenta que afecta a un miembro del Ejecutivo de coalición y que ella fue ministra del anterior Gobierno socialista. De hacerlo, y tal y como marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la cuestión quedaría en manos del fiscal teniente del alto tribunal y 'número dos' del órgano Luis Navajas. De hecho, él mismo cogió las riendas en el asunto de las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, si bien las fuentes consultadas explican que fue así por motivos de reparto. Cabe destacar que el propio Navajas sembró la polémica dentro de la Fiscalía General hace apenas unas semanas al denunciar que recibió presiones por parte de compañeros para modificar las conclusiones de su informe en contra del Ejecutivo.
En este caso incluso se podría pedir asesoramiento a la Fiscalía Anticorrupción por ser la que ha dirigido las pesquisas en todo el procedimiento. No obstante, en los últimos meses se han producido ciertas fricciones entre el instructor y los fiscales al frente del caso puesto que mientras estos últimos optaron por la retirada de condición de perjudicado de Iglesias, el magistrado consideró pertinente indagar si Iglesias y Bousselham faltaron a la verdad e hicieron un uso político del procedimiento. De hecho, el instructor emitió este miércoles la exposición razonada sin contar con el informe del Ministerio Público. Sea como fuere, el dictamen del órgano que dirige Dolores Delgado será clave para que la Sala resuelva en una u otra dirección. Con todo, y aunque el magistrado ya advirtió a Iglesias en mayo que estos hechos podrían ser constitutivos de delito, la remisión de parte de esta causa al alto tribunal se produce apenas unos días después de que éste haya accedido a su renovación.
De este modo, el tribunal que estudie su admisión a trámite estará integrado además de por Manuel Marchena en calidad de presidente de la Sala de lo Penal, por otros miembros de la misma que acaba de contar con tres incorporaciones. Los nuevos magistrados de la Sala son el conservador Ángel Hurtado (que estuvo al frente del caso Gürtel en la Audiencia Nacional) y los progresistas Javier Hernández y Leopoldo Puente. Los nombramientos que llevó a cabo el CGPJ provocaron una fuerte fricción entre el Ejecutivo (partidario de congelarlos hasta que se encauzasen las negociaciones de renovación) y el propio órgano de gobierno de jueces que entendió que había que dar salida a la jubilación de magistrados también en las Salas de lo Contencioso, Social y Militar.
Con todo, y en caso de que la exposición razonada se admitiera a trámite, el Supremo todavía tendría que gestionar un trámite más: el suplicatorio. Se trata de una especie de autorización que solicita el tribunal que va a investigar los hechos al Congreso de los Diputados por tratarse de parlamentarios. La cámara baja cuenta con un máximo de 60 días para tramitar esta solicitud formal, la cual necesitaría de la mayoría del Pleno para salir adelante; esto es: de los votos de los miembros del PSOE y por tanto socios de Gobierno de Iglesias. De este modo, en la investigación penal que pudiera derivarse por el asunto relacionado con el robo del teléfono de Dina, va a jugar un papel clave la formación que lidera Pedro Sánchez.
Total credibilidad a Calvente
De esta forma ha culminado García Castellón la pieza décima de la macrocausa como ya hiciera con otras tres patas del caso Tándem. Sin embargo, esta investigación es especialmente diferente no solo porque solo se dirige solo contra tres acusados (Villarejo y los periodistas Luis Rendueles y Alberto Pozas) sino porque los giros producidos desde su apertura en marzo de 2019 han hecho que Pablo Iglesias y su exasesora comenzaran como perjudicados por los negocios del comisario jubilado y terminaran con la intención del instructor de que respondan penalmente por denuncia falsa. Al respecto, el magistrado recoge en su escrito todas las diligencias practicadas desde entonces hasta ahora aunque hace especial hincapié en la declaración que prestó hace apenas unas semanas el abogado despedido de la formación, José Manuel Calvente.
De hecho, asegura que su exposición en sede judicial fue tan "minuciosa" que se requeriría una "transcripción completa" de la misma. Sin embargo, la considera clave para apuntalar la tesis de que desde el partido se sabía que la aparición en prensa de los pantallazos de Dina, lejos de ser una acción orquestada por la red de Villarejo, correspondía en realidad a filtraciones internas de la formación por parte de sectores contrarios a Iglesias. De ahí que considere que éstos actuaron "faltando a la verdad" o que haya utilizado la causa de forma fraudulenta para sacar un rédito político. Al respecto destaca el instructor que otra de las claves que le han llevado a sacar estas conclusiones se encuentra en el primer escrito que presentaron en la causa en abril de 2019, un mes después de declarar como perjudicados. El instructor considera "llamativo" que pasaran de denunciar "la desaparición de la chaqueta" de Sá Ferreira al robo del teléfono de Dina.
La ausencia de mención a las pertenencias de Sá Ferreira -que también fueron sustraídas en aquella acción- "resulta especialmente llamativa cuando se sostiene la existencia de un encargo por parte de un grupo organizado para sustraer el teléfono de Dina con fines políticos y perjudicar al secretario general, el señor Iglesias, y por ende a Podemos toda vez que los dos teléfonos estaban en el mismo lugar y desaparecen de forma simultánea", sentencia el instructor. Pese a ello estas no son las únicas pesquisas abiertas contra Podemos en los tribunales. El partido también está siendo investigado por una presunta caja 'b' dentro de la formación así como posibles irregularidades en la contratación de Neurona Consulting. Podemos por su parte, niega estos hechos y asegura que el robo siempre fue una estrategia de las cloacas del Estado para desprestigiarles en plena campaña.
