A la espera desde hace cuatro meses

Víctimas del covid aprietan al fiscal para que el TC vuelva a examinar al Gobierno

Piden al Ministerio Público que informe ya sobre si se debe admitir a trámite el recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de no investigar a Pedro Sánchez y a sus ministros por la gestión de la pandemia.

Una persona camina por las inmediaciones del Tribunal Constitucional
Víctimas del covid aprietan al fiscal para que el TC vuelva a examinar al Gobierno.
Europa Press

Más de medio millar de familiares de fallecidos y víctimas de la Covid-19 están a la espera de conocer si el Tribunal Constitucional va a estudiar un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez relacionado con la gestión de la pandemia. La plataforma representada por la letrada Emilia Zaballos presentó un recurso de amparo a finales del pasado mes de junio, si bien aún no se conoce la posición de la Fiscalía sobre si la decisión del Tribunal Supremo de no investigar al presidente y a sus ministros vulneraron los derechos fundamentales de los afectados directos de la crisis sanitaria. Por ello, cuatro meses después, ha apremiado al Ministerio Público para que emita su informe lo antes posible con el fin de que no se demore por más tiempo la decisión de los magistrados sobre si aceptan estudiar este asunto o por el contrario lo rechazan de plano, según han informado fuentes jurídicas a La Información.

De admitirse a trámite finalmente este recurso de las víctimas, que acusan al Gobierno de actuar de manera “negligente”, ocultar información y desoír las advertencias de organismo internacionales, el equipo de Sánchez tendría que afrontar un nuevo examen del Constitucional, después de que éste no avalara la declaración de dos estados de alarma para hacer luchar contra la pandemia del coronavirus. 

El máximo representante de la Carta Magna -divido en dos bloques a la hora de dictar estas resoluciones-, por un lado consideró que el instrumento jurídico adecuado para decretar un confinamiento generalizado de la población -lo que ocurrió el 14 de marzo de 2020- es el estado de excepción. Por otro lado, el segundo estado de alarma, que se prolongó durante seis meses, también se ha declarado inconstitucional en relación a la cogobernanza con la que se acordaron ciertas medidas, como los cierres perimetrales o toques de queda, pues entiende que el Ejecutivo no puede ceder ciertas competencias a los presidentes autonómicos para aprobar medidas limitativas de derechos.

Los afectados por el coronavirus recibieron el pasado 2 de julio una diligencia de ordenación del Tribunal Constitucional en la que se informaba de que su recurso de amparo había sido recibido, por lo que se daba traslado del mismo a la Fiscalía de dicho órgano para que diera su opinión sobre la solicitud de la Fundación Zaballos de que se ordene al Tribunal Supremo a abrir una investigación al Gobierno. Desde entonces, el Ministerio Público no ha movido ficha, lo que, según apuntan fuentes cercanas a la plataforma, está impidiendo que los magistrados puedan tener conocimiento del asunto y decidir si es necesario profundizar en él por su "trascendencia constitucional".

El recurso, al que tuvo acceso este diario, afirma que el Alto Tribunal ha vulnerado los derechos de igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva al archivar la veintena de querellas y la treintena de denuncias que interpusieron distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones de profesionales del ámbito de la Sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, y familiares de víctimas del coronavirus, entre ellas los solicitantes de amparo. En todas ellas se reprochó al Consejo de Ministros la tardanza con la que reaccionó al avance de la crisis sanitaria con la aprobación de medidas como el confinamiento o la provisión de material de protección para colectivos esenciales y para la población.

La Fiscalía ya rechazó investigar al Gobierno

Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente para investigar al Gobierno debido al aforamiento de sus miembros, dictó un auto el 28 de diciembre de 2020 por el que inadmitió todas estas acciones, al considerar que no se justificó debidamente la autoría de los delitos que se atribuían (homicidio y lesiones imprudentes, contra el derecho de los trabajadores, prevaricación o malversación de caudales públicos) tanto al jefe del Ejecutivo como a sus ministros. Los magistrados, que sí abrieron la puerta a que juzgados ordinarios investigaran la falta de medios para sanitarios o policías, la contratación de material fallido, o la muerte de ancianos en residencias, afirmaron que no hay indicios suficientes que sostengan y acrediten la comisión de hechos delictivos por parte del Gobierno, ya que se tendría que demostrar que "si no se hubiera ocultado información o se hubiera anticipado la decisión política del confinamiento, se habrían impedido los daños". 

La Sala alcanzó esta conclusión después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se posicionara en contra de todas estas querellas y demandas al no ver tampoco indicios de delito en la gestión que hizo el Gobierno de la crisis sanitaria del coronavirus. En su informe apuntó que alguna de estas acciones penales se basaban en “elucubraciones”, y que se atribuyó una responsabilidad al Ejecutivo “a todas luces, difusa y genérica", en atención al cargo que ocupaba cada uno de los integrantes del Consejo de Ministros en el momento de desatarse la pandemia. Unos argumentos que previsiblemente serán esgrimidos de nuevo por la Fiscalía del Tribunal Constitucional para oponerse a la admisión del recurso de amparo de la Fundación Zaballos, presentado en nombre de más de 600 afectados, según señalan fuentes jurídicas a La Información.

Denuncian "indefensión"

Las víctimas de la covid-19 no comparten esta tesis del Ministerio Fiscal, acogida posteriormente por el Supremo. En el recurso aseguran que el sobreseimiento de todas estas querellas y demandas les generó una “indefensión”, pues no se ha podido desplegar la “más mínima actividad probatoria” para que el Gobierno depure “responsabilidades penales”. Además, acusan al Supremo de vulnerar sus derechos fundamentales al “desviar la atención” para no justificar por qué los actos de Pedro Sánchez y sus ministros durante los meses más complicados de la pandemia no encajan en ningún tipo delictivo.

Por todo ello, piden al Tribunal Constitucional que admita a trámite su recurso por la "especial trascendencia constitucional” que tiene la cuestión, ya que se plantea "una faceta o problema de un derecho fundamental" sobre el que no hay doctrina constitucional. En este sentido, interesa que se inste a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a practicar, aunque sea lo más mínimo, diligencias de pruebas para “impedir la percepción de impunidad de estos hechos vistos con suma decepción por el conjunto de la ciudadanía".

Mostrar comentarios