Víctimas del franquismo piden que la Justicia investigue las desapariciones

Madrid, 7 feb.- El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, pidió hoy ante el Tribunal Supremo español que se investiguen judicialmente las desapariciones ocurridas durante el franquismo y que la Justicia actúe, aunque sea en otro país fuera de España.

"Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad de investigar esos crímenes, es lo que queremos", dijo Silva en su declaración como testigo de la defensa en el juicio abierto por el Supremo español al juez Baltasar Garzón por declararse en 2008 competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Silva explicó los motivos por los que su asociación presentó una denuncia en 2006 ante la Audiencia Nacional y por los que se ha personado en la causa abierta sobre los crímenes del franquismo por una juez argentina.

La magistrada bonaerense María Servini de Cubría ha pedido a las autoridades españolas información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad en España entre 1936 y 1977.

Un requerimiento al que el Gobierno español aún no ha respondido, según el presidente de la ARMH, que defiende la capacidad de la juez argentina para investigar los hechos, igual que ha ocurrido con otros casos en la Audiencia Nacional española en aplicación del principio de Justicia universal.

Silva explicó que su asociación quiere justicia y no sólo poder llevar a cabo las exhumaciones de fosas donde pudieran estar enterrados su familiares .

"Las exhumaciones ya las hacemos nosotros desde hace mucho tiempo, ese es un problema aparte, lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa con cualquier crimen cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y les tiran en una cuneta", señaló.

Silva relató la tarea que ha llevado a cabo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica con la colaboración de numerosos voluntarios, algunos llegados desde países tan lejanos como Japón.

La asociación, que contabilizó más de 12.000 desaparecidos en toda España, acudió a Naciones Unidas para reclamar al Gobierno español el cumplimiento de la resolución que establece que un Estado debe intervenir en estos hechos y hacer lo posible por encontrar los cuerpos de desaparecidos.