Los afectados por la megaestafa de las clínicas ‘low cost’ de iDental están batallando en la Audiencia Nacional para conseguir poder defenderse por separado en contra del criterio estipulado por el magistrado José de la Mata, que el pasado mes de diciembre limitó las acusaciones a seis para evitar que la instrucción del procedimiento, ya de por sí compleja, se eternice en el tiempo. Sin embargo, las víctimas de toda España de este fraude lamentan que, de no atender sus reclamos, se puede producir una "doble estafa" puesto que la agrupación con otras acusaciones implica un "coste añadido" para todos ellos.
De esta forma, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) que representa a cerca de 250 afectados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional, recoge en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal y al que ha tenido acceso La Información, que se debe tener en cuenta que estas personas ya han depositado su confianza en la dirección letrada de la asociación y que, situarse ahora bajo el paraguas de otra acusación, puede implicar no solo pérdida de confianza sino también incluso cambio de honorarios que no saben si podrán afrontar.
Se trata de unos argumentos que las víctimas de este megafraude ya emplearon en el recurso que presentaron contra la decisión del magistrado el pasado mes de diciembre, adelantada por este diario. Además, recuerdan al instructor que el hecho de "dar el apoderamiento a unos profesionales concretos" no es del todo equitativo en tanto en su caso concreto han ejercido la defensa de muchas víctimas de esta estafa que se fueron personando en diferentes juzgados de España hasta que la Audiencia Nacional asumió la investigación el pasado mes de julio debido al volumen del asunto (se han abierto más de mil piezas) y la gran cantidad de afectados.
Por todo ello, en el escrito Asufin -en colaboración con la plataforma Afecade- reivindica su legitimación para que se les admita la acusación particular bajo la representación del procurador que suscribe poniendo el acento en la peculiar situación de los afectados; todos ellos víctimas no solo desde el punto monetario sino que además han visto lesionada y atentada su integridad por los tratamientos a los que fueron sometidos. De hecho, muchos de ellos los practicaron especialistas que no eran tal y que empleaban materiales inadecuados lo que derivó que, en muchos casos, se quedaran a medias y con la deuda de pago sustraída.
A este último punto recurren las plataformas para rebatir al magistrado que las macrocausas no se originan por el número de acusaciones que las integran sino por el nivel del fraude, que en este caso ascendería a 60 millones de euros. De hecho, el magistrado instructor acordó prisión provisional para los fundadores de esta cadena el pasado mes de enero por haberse valido de una compleja estructura societaria con la que captaron fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con el presunto fin de reflotar empresas si bien lo que en realidad hicieron fue vaciarlas y llevar su capital al extranjero.
Por todo ello, consideran que la situación a la que quedan relegados es "discriminatoria" en tanto aunque no se hayan personado directamente en la Audiencia Nacional, sí estaban litigando en otros procedimientos judiciales en España, lo cual no les hace perder derechos, según exponen, en esta causa concreta. Además, también recuerdan que la relación entre abogado y cliente se fundamenta en la confianza y esta puede evaporarse si tienen que pasar a ser defendidos por letrados que no conocen.
Responden de esta manera al auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 del pasado 27 de marzo en el cual denegaba la pretensión de los personados en esta causa. El magistrado considera que es factible su alternativa teniendo en cuenta que existe "claramente" una convergencia de intereses entre todos los personados y que, al margen de cual sea la situación personal de cada uno, todas las partes tienen la misma perspectiva, que es la de "reconstruir la realidad de las operaciones para fijar la cantidad que le corresponde" a cada perjudicado. No obstante, el instructor pide que no se olvide el hecho de que en esta causa concreta concurren "decenas de miles de perjudicados", lo que implica que miles de personaciones "harían inviable su tramitación y producirían irreparables prejuicios".
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