Nueva vuelta de tuerca sobre el futuro de la reforma laboral. Bildu defenderá este martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa en la que reclama derogar la reforma laboral del 2012, tal y como pactó hace apenas unos meses con el PSOE y Unidas Podemos, aunque luego los socialistas se desmarcaran del acuerdo. Estas tres formaciones pactaron el pasado mes de mayo, para conseguir los votos de EH-Bildu a una de las prórrogas del estado de alarma, una derogación "íntegra" de la reforma laboral del PP antes de la finalización de las medidas económicas y sociales extraordinarias aprobadas por la emergencia sanitaria de Covid-19.
Sin embargo, el PSOE modificó horas después el acuerdo, limitándolo a recuperar "derechos arrebatados por la reforma laboral de 2012 y, de manera urgente, modificar la posibilidad de despido por absentismo causado por baja por enfermedad (ya derogado), las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
Semanas después de esa rectificación, la reforma laboral también provocó una rectificación del PSOE, cuando sus diputados apoyaron una enmienda, también de EH-Bildu, en el grupo económico de la Comisión para la Reconstrucción por la crisis del Covid-19. Después de apoyar su derogación, el PSOE forzó una repetición de la votación para rechazarla. En su proposición no de ley, registrada por la formación de la izquierda 'abertzale' en enero, antes del citado acuerdo, EH-Bildu exige derogar las últimas dos reformas laborales, la aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, cuya derogación contempla el acuerdo programático del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, pero también la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
"Si el objetivo es la recuperación de todos los derechos arrebatados a los y las trabajadoras, consideramos imprescindible la derogación de ambas. De igual forma, no es la primera vez que el PSOE se compromete a llevar a cabo la derogación siquiera de la reforma laboral de 2012 e incumple su palabra", critica.
Salario mínimo por CCAA
La iniciativa que EH-Bildu defenderá ante el Pleno del Congreso también reclama la adaptación del salario mínimo interprofesional (SMI) a cada comunidad, y para País Vasco y Navarra exige "adoptar sin más demora" un salario mínimo interprofesional neto de, al menos, 1.200 euros, con 14 pagas. Concretamente, llama a "vincular de manera especial el salario mínimo con la realidad, el nivel de vida y el modelo productivo de cada territorio" y transferir a País Vasco y Navarra las competencias para establecer un salario mínimo "propio y acorde a la realidad económica de cada territorio".
Sobre el IVA del turismo
Por su parte, el PP defenderá este martes en la Comisión de Hacienda del Congreso una proposición no de ley para establecer un IVA superreducido en las actividades turísticas durante este año y el siguiente con el fin de amortiguar la caída de la facturación en el sector por la pandemia de Covid-19. Este IVA, al 4% de la base imponible, se aplica a productos básicos como el pan, la harina, los huevos, la leche o las verduras, a libros, periódicos y revistas, a medicamentos, a implantes y prótesis, a vivienda protegida o a servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y atención residencial.
En su iniciativa, registrada en el Congreso el pasado 31 de julio, en plena temporada turística, argumentan la necesidad de adoptar "medidas excepcionales ambiciosas" ante las pérdidas provocadas por la pandemia en sectores como el hotelero o el de la restauración. En este sentido, señalan que otros países, como Alemania o Reino Unido, han adoptado rebajas en su IVA al turismo, un sector que en España supone el 12% del PIB, ocupando a un porcentaje similar de población activa, más de 2,5 millones de trabajadores, contabilizando hoteles, campings, restauración y transporte, esgrimen.
La propuesta de Foro Asturias
Foro Asturias defenderá este martes ante el Pleno del Congreso una proposición de ley para permitir que los ayuntamientos puedan establecer una bonificación de hasta el 90% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a negocios afectados por la pandemia de Covid-19. La iniciativa modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para permitir que las ordenanzas fiscales incluyan una bonificación en este impuesto a inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que se hayan visto suspendidas, restringidas o afectadas por el estado de alarma.
La propuesta de Foro es que la ley pueda aplicarse en 2020 y extenderse hasta 2023, habilitando a las entidades locales a determinar en las ordenanzas fiscales el alcance temporal y cuantitativo de estas bonificaciones. El diputado de Foro en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, argumenta que su iniciativa busca "eliminar obstáculos a los ayuntamientos mediante un período transitorio" para permitirles aprobar medidas fiscales y "minorar los efectos de la parálisis de actividad económica". "Que los ayuntamientos puedan establecer bonificaciones del IBI a los afectados por la suspensión o restricción de sus actividades a causa de la crisis sanitaria es una medida que ayudará a su supervivencia", asegura.
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