El abogado defensor de cuatro miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha anunciado que tratará que el juez se pronuncie sobre su petición de nulidad del proceso en el que se les acusa de abusos sexuales y delitos contra la intimidad antes de que comience el juicio y evitar así su celebración.
Martínez ha dicho a los periodistas antes de acceder a la Ciudad de la Justicia de Córdoba, donde ha comenzado la vista contra Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero por los hechos acaecidos en Pozoblanco, que pedirá al juez que tome la decisión "con carácter previo y no en sentencia".
Esto supondría que el titular del Juzgado de lo Penal número uno de Córdoba se pronunciara antes del comienzo de las declaraciones y de la presentación de las demás pruebas sobre las dos manifestaciones de la defensa sobre las causas de nulidad en la instrucción del procedimiento, la obtención del vídeo que incrimina a los acusados y la supuesta provocación a la joven víctima de los supuestos abusos para que presentara la denuncia.
El letrado no quiso concretar en qué basará sus argumentos sobre "la cuestión previa que parte de la ilegalidad de la obtención del vídeo de la Policía Foral", aunque sí devendrá en la "teoría del árbol envenenado", por lo que todo lo demás instruido desde entonces no podrá ser tenido en cuenta de prosperar su solicitud.
De salir adelante esta tesis, que para él "es absolutamente evidente", los cuatro integrantes de La Manada solo podrían ser juzgados en Córdoba por la denuncia del delito de lesiones leves, pero no sobre los hechos del contenido del vídeo, según el abogado.
La otra causa con la que trata de impedir la celebración de la vista oral se argumenta en que "la denuncia parece que se puso de manera forzada ante la presencia de la Policía Foral".
"Es la primera vez que veo que unos hechos que ocurren en Córdoba se denuncian ante una policía navarra", por lo que "es un poco sorprendente" que la Policía acudiese al domicilio de la joven para que denunciase en lugar de ser ella la que fuese a poner en conocimiento policial lo sucedido, ha dicho.
El tribunal tendrá que poner de relieve, aseguró, "si la forma de conocer por parte de la denunciante el vídeo es normal que sea a través de la Policía y no a través de un tercero, no sería la misma situación que un tercero le hubiese dicho que existía ese vídeo a que sea la Policía la que venga y te lo diga". Por ello, "entendemos que no es lícita y así lo expondremos", precisó. Los cuatro acusados se enfrentan a penas de siete años de prisión por supuestos abusos sexuales y delitos contra la intimidad cometidos sobre una joven en Pozoblanco en 2016.
La investigación de este caso se inició a raíz de la agresión sexual en los Sanfermines de Pamplona de 2016, por el que los cinco miembros de La Manada ya han sido condenados a nueve años de prisión cada uno y en base a un vídeo, en el que se ve a una joven inconsciente en un coche con los acusados y que estos compartieron en un grupo de WhatsApp compuesto por una veintena de personas.
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