Unos meses antes del 1-O, Puigdemont realizó una verdadera purga en su Govern. Quería evitar a toda costa que dentro de su Ejecutivo se produjeran discrepancias sobre la hoja de ruta para declarar la independencia. Uno de los ceses más sonados entonces fue el de Jordi Baiget, conseller de Empresa, por dudar de que la celebración del referéndum fuese posible. Para sustituirle, el president eligió a un cargo de confianza: Santi Vila. Sin embargo, los caminos de ambos dos políticos están en una encrucijada con difícil solución: Vila dimitió en desacuerdo con la DUI y ahora se postula como candidato para el PDeCAT.
Desde que el parlament aprobara la secesión, Vila no ha hecho sino llamar a la moderación y a llegar a una "independencia ajustada a Derecho", postura que le ha servido para eludir la prisión preventiva, que ha sido sustituida por una fianza de 50.000 euros. Aunque ha pasado la primera noche en la cárcel por solidaridad hacia sus compañeros, Vila ya ha abonado la fianza y salido del centro penitenciario. Sin embargo, las discrepancias con los sectores más duros de ERC, CUP e, incluso, su propio partido no corresponden al mero oportunismo. Ya en 2015 se autodefinió como "independentista instrumental" y afirmó que no se había planteado nunca optar a la presidencia de la Generalitat.
Los acontencimientos de las últimas semanas le han hecho cambiar de planes y presentarse a unas primarias ante unas bases que o bien han abanadonado el entusiasmo político por lo que consideran un error de Puigdemont o bien consideran que Vila se vende ante el Ejecutivo central con tal de evitar sus responsabilidades. Su discurso combina una de cal y otra de arena. Mientras defiende la legitimidad de la independencia, rechaza hacerlo unilateralmente y es reticente a una lista única con los secesionistas. Además, también habla de centralismo y la defensa del autogobierno catalán, por lo que reprochó las "amenazas" del discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre. En su programa aboga, en consecuencia, por un referéndum acordado y "amnistía" para los presos independentistas.
Lo cierto es que, pese a su tibieza, Vila siempre ha tenido el respaldo tanto de Artur Mas como de Puigdemont. Bajo las órdenes de Mas trabajó de 2012 a 2016, como conseller de Territorio y Sostenibilidad. Allí hizo alarde de su capacidad de negociación. Mientras mantenía una excelente relación con la entonces ministra de Fomento Ana Pastor, tanto que fue invitada a su boda, criticaba duramente la falta de inversiones del Estado en infraestructuras catalanas. Precisamente su boda fue oficiada por el alcalde de Girona, entonces Carles Puigdemont. Su respeto por el expresident es tal que ha afirmado que "lo único" que le haría desistir de optar a ser el candidato del PDeCat en las elecciones del 21-D sería que quisiese serlo Puigdemont.
Religioso, homosexual, divorciado y taurino, nació en Granollers (Barcelona) en 1973. Se licenció en Letras por la Universidad de Girona (UdG) y es doctor en Historia Contemporánea. A pesar de sus críticas a ERC por no haber preparado las estructuras necesarias para la independencia, lo cierto es que los orígenes de Vila se encuentran en la formación independentista de izquierdas, aunque en 1999 entró en CDC. Allí, pronto se ganó la fama de verso suelto, debido sobre todo a cuando aprovechó su libertad de voto para rechazar la prohibición de los toros en Cataluña en 2010. No fue el único en la extinta CiU. Xavier Cima i Ruiz, marido de Arrimadas, acabó fundando Lliures (Libres) junto con otros moderados del partido como crítica a la deriva secesionista de su antiguo partido y donde se definen como nacionalistas no independentistas.
Desde 2007 hasta 2012 fue alcalde de Figueres (Girona) y ya como responsable de turismo del Govern, en verano Vila tuvo otro encontronazo con la CUP cuando condenó los ataques de Arran. No fue el único. Hace unas semanas reprochó a la ANC y Òmnium Cultural por pedir retirar dinero de los bancos. Sin embargo, sus críticas a la deriva del Govern no le impidieron aprobar en el Parlament de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y firmar el decreto de convocatoria del 1-O, junto al resto del Ejecutivo catalán, por lo que ahora deberá responder ante la Justicia por delitos que podrían acarrearle 30 años de prisión.
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