El empresario Juan Miguel Villar Mir se ha personado en el procedimiento que se sigue en un juzgado de Plaza Castilla contra su doctor y ha pedido su archivo aportando una serie de documentos que vendrían a demostrar, según sostiene, que no falseó el informe remitido a la Audiencia Nacional que le impedía acudir a que se le tomaran unas huellas dactilares.
De acuerdo con esta documental, el expresidente de OHL se encontraba enfermo cuando el juez al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, acordó una serie de diligencias en el marco de la investigación que pasaban porque acudiera a las dependencias de la Guardia Civil para que se le tomaran las huellas. El instructor de la macrocausa sospechó de la veracidad del informe médico y, ante la duda de si podía ser constitutivo de delito, remitió este asunto a los juzgados de instrucción de Madrid. La causa recayó en el número 5, a cuyo frente está la magistrada Carmen Valcarce, que archivó las diligencias si bien las volvió a reabrir a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La reapertura de las mismas conllevó la citación en calidad de investigado del doctor de Villar Mir, el cual ahora se persona en el procedimiento aportando hasta un total de 15 documentos con los que pretende probar que realmente se encontraba impedido de cara a cumplir con la diligencia acordada. La Audiencia Nacional le investiga en el caso Lezo por la adjudicación irregular del proyecto de tren de Navalcarnero en el año 2007.
Entre las pruebas que entrega el empresario figura un segundo informe médico emitido por otro facultativo, al que, según explica su defensa, fue necesario recurrir de urgencia tras agravarse la dolencia que padecía en enero del año pasado. También entrega el acta acreditativa de la toma de huellas dactilares que se produjo finalmente el 12 de enero en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).
El magistrado sospechó que pudo cometerse delito de falsificación del informe a tenor de unas conversaciones telefónicas interceptadas por los investigadores entre Villar Mir y su letrado de cara a averiguar si se abonaron 2,5 millones de euros desde OHL, que presidía en el momento de los hechos, al Gobierno de Esperanza Aguirre para adjudicarse este proyecto de cercanías. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 avaló las escuchas y defendió que no se expurgara esta parte de conversación entre letrado-cliente.
Enfrentamiento entre jueces y abogados
Una decisión que vino respaldada por la Sala de lo Penal de este órgano judicial y que provocó una enérgica protesta por parte del Colegio de la Agobacía, que denunció que se trataba de un grave atentado contra el Estado de Derecho. Su abogado, Carlos Domínguez, interpuso además una querella en el Tribunal Supremo contra el instructor García Castellón por delito de prevaricación al entender que con esta decisión se vulneró su derecho al secreto profesional.
Fuentes del caso consultadas por este diario explicaron que se estudiaría su admisión a trámite en enero después de que la Fiscalía informara en contra de este paso. No obstante, la aportación de nueva documentación por parte del juez García Castellón ha hecho que se haya tenido que dar traslado de nuevo al Ministerio Público el cual está pendiente de pronunciarse acerca de si se debe estudiar el contenido de la querella o, por el contrario, conviene su archivo.
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