El comisario jubilado José Manuel Villarejo se enfrenta a una petición de siete años de prisión y dos meses de cárcel por parte de las acusaciones populares en el marco de la causa que se instruye en Plaza Castilla por las grabaciones a miembros del CNI que investigaban al 'pequeño Nicolás'. De esta manera, la acusación que ejerce la Plataforma por la Honestidad va más allá de la solicitud de la Fiscalía –que impone pena de cuatro años de cárcel para el expolicía- y le atribuye los delitos de revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, estafa procesal e injurias y calumnias.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, solicita también seis años y dos meses de cárcel para la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, e idéntica pena para el periodista Carlos Mier. Los tres fueron procesados en el marco de la segunda pieza de la causa que se instruye en el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid por la grabación para su difusión en prensa de la reunión policial mantenida entonces por el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas y otros miembros del CNI por la investigación vigente en 2014 en torno a la figura de Francisco Nicolás Gómez, que no está procesado en esta parte concreta de la causa.
A juicio de las acusaciones, el procedimiento –entendido para muchos como el germen de las cloacas de Interior- debe contar además con 14 testificales; entre ellas la del pequeño Nicolás; el exjefe del DAO de la Policía Eugenio Pino; el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago (ambos investigados en por el espionaje a Luis Bárcenas en el caso Tándem); el empresario Adrián de la Joya y los periodistas Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Daniel Montero. Se da la circunstancia de que esta misma semana Pablo Iglesias ha pedido la imputación de estos tres periodistas además de la de Fuentes Gago en la última pieza abierta dentro del caso Tándem en la que se investiga la campaña difamatoria contra Podemos y su líder de cara a las elecciones de 2016.
De acuerdo con el relato de los hechos, Villarejo pretendía publicar estas grabaciones en el medio digital 'Información Sensible', del cual era propietario, siendo su mujer directora del mismo y el tercer procesado en cuestión el único periodista. Durante los tres días de octubre en los que el pequeño Nicolás permaneció detenido por los delitos de estafa y usurpación de funciones públicas, se publicaron diferentes artículos sobre este último en su periódico con información de la que solo debían tener conocimiento los agentes de Asuntos Internos que estaban al frente de estas pesquisas.
Según denuncia la acusación popular, la finalidad del comisario jubilado era la de controlar esta investigación puesto que era consciente de que el pequeño Nicolás le había mencionado en su declaración policial. Con todo, también era conocedor de que en las entradas y registros se le habían intervenido anotaciones manuscritas relacionadas con su entramado societario con el cual realizaba los encargos de espionaje que investiga la Audiencia Nacional en el marco de la macrocausa Tándem. Las acusaciones de este procedimiento entienden que la grabación de las reuniones secretas no solo supuso un "significativo menoscabo" del correcto funcionamiento de la Policía sino que además desacreditó la comisión judicial encargada de investigar este asunto. De hecho, dicha comisión fue disuelta por la magistrada Pilar Martínez en julio de 2017, dos años después de que su creación por parte del magistrado que comenzó instruyendo la causa, Arturo Zamarriego.
Más documentación del pequeño Nicolás
El escrito arremete además contra una de las últimas decisiones acordadas por la actual magistrada relativa a nueva documentación aportada desde la Audiencia Nacional a este juzgado y relacionada directamente con las pesquisas. En concreto, se trata de varios escritos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía así como 3 DVDs que se han inhibido al juzgado de Plaza Castilla para que se incorporen a esta instrucción, que arrancó en el año 2014. No obstante, la magistrada Martínez, en vez de acumular dicha documentación a la causa vigente, abrió nuevas diligencias sobre este asunto por lo que las partes personadas en la causa del pequeño Nicolás no tuvieron acceso a las mismas.
Por ese motivo el partido político Podemos, personado como acusación popular en ambas causas, dirigió el pasado 3 de abril un escrito a dicho juzgado mostrando su malestar con esta actuación y en el mismo pide poder acceder a la providencia de la magistrada en la que efectivamente comunica la apertura de nuevas diligencias para recurrir esta decisión puesto que lo que pretenden es que, tal y como solicita la Audiencia Nacional, el contenido de los informes de la Policía Nacional y de los DVDs se acabe incorporando al sumario sobre el pequeño Nicolás.
Cabe recordar que la Plataforma por la Honestidad (www.plataformaxlahonestidad.es), de la que es portavoz Pedro Arancón, presentó en mayo de 2017 en el Congreso de los Diputados un proyecto de proposición de ley para proteger a los denunciantes de corrupción con el fin de que exista una normativa concreta que ampare a este colectivo. En la actualidad, las negociaciones están estancadas, de ahí que desde la plataforma pida que se reanuden lo antes posible para poder dar cobertura legal a los denunciantes de este tipo de situaciones.
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