La crisis sanitaria ha alcanzado a todos y cada uno de los sectores de la sociedad y la Justicia no podía ser menos. La decisión del CGPJ de paralizar toda la actividad de la Administración de Justicia al menos hasta que se levante el estado de alarma decretado por el Gobierno, ha creado una situación sin precedentes en todos los organismos judiciales del país, que echarán el freno estas dos semanas a excepción de los servicios esenciales. Esto quiere decir que tanto los juicios pendientes, como las diligencias de investigación de las causas abiertas quedan en 'standby' hasta nuevo aviso en todo el territorio nacional.
La orden afecta a todos los juzgados y todos los órdenes (civil, penal, contencioso, social y militar). Antes de que el CGPJ anunciara este sábado que se paralizaba toda la actividad, la Audiencia Nacional ya acordó esta medida 24 horas antes. La decisión tomada por su presidente José Ramón Navarro, implica que mañana no se dará continuidad al juicio contra Josep Lluis Trapero y los exjefes políticos de la policía autonómica César Puig y Pere Soler. La vista encaraba el lunes su fase final con los informes del Ministerio Fiscal y las partes si bien queda en suspenso, como también lo hará el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias o el de Pescanova por el presunto maquillaje de sus estados contables.
La Audiencia Nacional también deja 'en cuarentena' la vista que arrancó la semana pasada contra la cúpula de la trama Gürtel por la visita del Papa a Valencia en el año 2006. Pero además de los juicios, los seis juzgados de instrucción también echan el freno en las investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional. De este modo, la instrucción de la macrocausa Tándem por los espionajes de José Manuel Villarejo se frena y ello pese al avance que presentaban ya algunas piezas. La semana pasada los investigadores tomaron declaración a muchos protagonistas de la parte relativa a los encargos de Iberdrola a la par que el magistrado Manuel García Castellón tenía pendiente volver a citar al perito de PwC que realizó la investigación interna del BBVA por las contrataciones con el comisario jubilado.
Todos estos asuntos tendrán que esperar al igual que la causa abierta por presuntas irregularidades en Dia o la instrucción del caso Popular. De hecho, el magistrado José Luis Calama Teixeira fue de los primeros en aplazar los señalamientos previstos para esta semana. Este mismo miércoles debía comparecer el presidente de la CNMV Santiago Albella para dar cuenta del papel del regulador en la crisis del banco. Pues bien, ni Albella ni Luis de Guindos (citado para el próximo 2 de abril) ofrecerán su testifical sobre este asunto por el "riesgo inminente para la salud" que conlleva celebrar estas declaraciones en las salas tan pequeñas y sin ventilación de la Audiencia Nacional.
Falta por ver si las medidas acordadas por el órgano que preside Carlos Lesmes se prolongan en el tiempo puesto que ello implicaría suspender la batería de diligencias acordadas por el magistrado Alejandro Abascal en la causa penal sobre los supermercados Dia. Tras escuchar a los peritos de PwC por su trabajo sobre las presuntas irregularidades en las cuentas de la cadena, el instructor llamó a declarar a una docena de personas como investigados y testigos entre el 25 de marzo y el 2 de abril, por lo que queda por ver si también deja en suspenso estos llamamientos, entre los que se encuentra el del antiguo CEO de Dia, Ricardo Currás, de acuerdo con la diligencia recogida por este diario.
Sin testifical de Corinna
Fuera de las fronteras de la Audiencia Nacional, algunos de los casos más relevantes pendientes de avanzar son, por un lado, la investigación sobre el 'Delcygate' relativa al encuentro que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y, por otro, el llamado caso Rato sobre el origen presuntamente fraudulento de la fortuna familiar del exvicepresidente del Gobierno. Ambas diligencias las dirige el juez titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano Arnal.
Igualmente, se acuerda la suspensión del juicio que tenía previsto arrancar el próximo 23 de marzo en los juzgados de lo penal de Madrid contra José Manuel Villarejo por presuntas calumnias al que fuera director del CNI, Félix Sanz Roldán. Una de las claves de esta vista era la declaración de la empresaria alemana Corinna Larsen, la cual plasmó en un escrito ante notario que fue víctima de amenazas por parte del máximo responsable de los servicios de Inteligencia tras su distanciamiento del Rey a la vuelta del viaje a Botsuana en 2012.
Preocupación por los servicios esenciales
En lo que respecta al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional la situación es relativamente diferente porque su función está más relacionada con la deliberación de recursos de casación y de amparo, respectivamente, lo que se adapta más a una posible situación de teletrabajo entre los magistrados. Sea como fuere, este plan de acción estudiado entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado contempla mantener unos servicios esenciales, entre los que se encuentran cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable; internamientos urgentes; adopción de medidas cautelares; servicios de guardia en los juzgados de violencia sobre la mujer y actuaciones de causas con preso, entre otros.
El Ministerio de Justicia ya se ha puesto manos a la obra y ha fijado las dotaciones de personal necesarias durante esta fase de contención del coronavirus. Por ello ha estipulado que el personal de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios que trabajarán en los juzgados y fiscalías en servicio de guardia para garantizar que se cumplen los servicios básicos acordados. Las asociaciones de magistrados y fiscales insistían este mismo domingo en que no cuentan con las medidas de seguridad "imprescindibles" para realizar su trabajo e insistían en la necesidad de recibir los equipos de protección necesarios, teniendo en cuenta que uno de los mayores factores de riesgo es la introducción del virus entre la población reclusa al tratarse en muchas ocasiones de causas con presos.
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