Villarejo se desliga de su socio y evita confirmar si intentó contratar a Garzón

  • Declara que tenía sus contactos en la Audiencia Nacional pero no aporta detalles sobre su relación con el juez y la ministra Delgado.
El comisario José Manuel Villarejo
El comisario José Manuel Villarejo
CEDIDA - Archivo

José Manuel Villarejo ha vuelto a declarar sobre su conocimiento de un encargo concreto que se realizó desde su entramado empresarial. El comisario jubilado ha reconocido la existencia de estos servicios de asesoramiento a los hermanos Pérez-Maura; sin embargo, se ha desmarcado de la versión que prestó ayer martes su socio Rafael Redondo -de quien ha dicho que fue "muy imprudente"- para intentar desligarse de cualquier contacto mantenido con el juez inhabilitado Baltasar Garzón y la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Preguntado por este aspecto concreto, el agente ha preferido dar la callada por respuesta acogiéndose al secreto profesional, según fuentes jurídicas.

El interrogatorio, que se ha celebrado desde la prisión de Estremera, ha versado en torno al encargo que hicieron los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura a Cenyt para frenar la extradición a Guatemala de este primero, que le reclamaba por un caso de corrupción. Este encargo, por el que los empresarios pagaron 7,5 millones de euros desde su mercantil Pérez y Cía S.L, debía contar con la intermediación del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, de acuerdo con las conversaciones mantenidas por los acusados y cuyos audios obran en la causa.

Preguntado por este asunto concreto y por las declaraciones de su socio Rafael Redondo -que reconoció que intentaron contratar sus servicios para evitar como fuera la entrega del naviero a la Justicia guatemalteca-, Villarejo ha optado por acogerse al secreto profesional en calidad de abogado. De este modo no ha confirmado si el apelativo 'D2' que emplearon en alguna ocasión era el que usaban para referirse a Dolores Delgado y tampoco ha confirmado reuniones en la Audiencia Nacional, pero sí ha reconocido que un policía de su estatus goza de muchos contactos en este órgano judicial.

"Hay muchos magos en mi vida"

En lo que respecta a Garzón, los fiscales del caso han insistido en si se refirieron al magistrado inhabilitado como 'El Mago' (tal y como se desprende de las conversaciones) y sobre este asunto Villarejo ha dicho que "hay muchos magos" en su vida incluyendo miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o en los servicios secretos americanos. Los audios pusieron de manifiesto cómo pidieron una cantidad extra a los Pérez-Maura precisamente de cara a conseguir que Garzón interviniera en este proceso de extradición que no se llevó a cabo.

Tampoco ha querido dar muchos detalles sobre este encargo concreto que se firmó en abril de 2016 entre Redondo -en nombre de Cenyt- y Álvaro Pérez-Maura, acogiéndose de nuevo a su secreto profesional. Sí ha dicho, no obstante, que efectivamente abonaron 7,5 millones por el acuerdo que incluiría asesoramiento jurídico en España y Guatemala, país que investigaba a su grupo TCB por adjudicarse de manera irregular la explotación de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal. No obstante, sí ha reconocido que existió un plan para aupar a la presidencia al embajador de Guatemala Julio Ligorría -imputado en esta cuarta pieza del caso- si bien finalmente no se fraguó la operación.

Villarejo, que ha declarado por su implicación en esta pieza 'Pit' y en la relativa al encargo del BBVA para frenar el asalto de Sacyr al banco- que Cenyt nunca pagó a Ligorría ya que los servicios que prestó el diplomático fueron contratados por el abogado Enrique Maestre. En lo que respecta a Adrián de la Joya, Villarejo ha asegurado que no le extraña en absoluto que cobrara por este encargo pero que todo lo relativo a los pagos desde el entramado empresarial lo controlaba su socio Redondo.

Con todo, ha vuelto a protagonizar rifirrafes con los investigadores que se han desplazado al centro penitenciario para interrogarle cuando le han preguntado por estos asuntos concretos y ha reprochado que el hecho de seguir en situación de prisión provisional -tras su detención en noviembre de 2017- le está provocando indefensión. Las fuentes consultadas explican que ha mostrado su malestar porque se le pregunte por asuntos que no puede contrastar porque no se le permite tener acceso a sus documentos ni tampoco a toda la información que guarda en sus dispositivos electrónicos.

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